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El proyecto denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional como una ampliación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), abrió un debate entre especialistas y centros de estudios sobre sus posibles efectos en la economía argentina. Mientras el oficialismo sostiene que la iniciativa busca atraer inversiones estratégicas y ampliar el universo de sectores beneficiados, distintos informes advierten sobre eventuales impactos negativos en materia de divisas, recaudación tributaria, proveedores locales y concentración de beneficios empresariales.
Las críticas provienen tanto de Fundar como del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, dos entidades con enfoques económicos diferentes pero que coinciden en señalar riesgos asociados a la expansión del régimen.
Qué cambios introduce el Súper RIGI
La nueva propuesta amplía los beneficios previstos en el RIGI original e incorpora nuevos sectores considerados estratégicos, entre ellos la Inteligencia Artificial, la producción de semiconductores, las baterías de litio, la industria aeroespacial y la infraestructura digital.
La iniciativa también contempla una reducción de la carga tributaria para las empresas adheridas. Entre las principales modificaciones figura una baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente al 25% previsto en el régimen anterior, además de una reducción de las contribuciones patronales al 10%.
En materia de comercio exterior, el proyecto establece una eliminación total de retenciones y aranceles a las importaciones, junto con una flexibilización de las obligaciones para liquidar divisas provenientes de exportaciones y financiamiento externo.
Fundar alerta sobre menos ingresos fiscales y menor integración local
Un informe elaborado por Fundar sostiene que el proyecto mantiene una contradicción conceptual al promover beneficios selectivos para determinados sectores económicos, pese al discurso oficial a favor de la libre competencia.
Según la entidad, las nuevas exenciones tributarias y cambiarias podrían traducirse en una menor recaudación fiscal y en una reducción de la cantidad de divisas que ingresan efectivamente al mercado local.
Entre los puntos cuestionados, el documento destaca la flexibilización progresiva de la obligación de liquidar dólares provenientes de exportaciones. El esquema prevé una libre disponibilidad del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercer año de vigencia del proyecto.
Fundar también cuestionó la eliminación de exigencias vinculadas al desarrollo de proveedores nacionales. A diferencia del régimen anterior, desaparece el requisito mínimo de contratación local en bienes y obras, mientras que el Estado no podrá exigir la compra de insumos nacionales cuando exista una alternativa importada más económica.
Para la organización, estas modificaciones podrían derivar en proyectos con escaso impacto sobre el entramado productivo local y limitados efectos multiplicadores sobre la economía.
El riesgo del lobby empresarial y las distorsiones económicas
Otro de los aspectos señalados por Fundar es la posibilidad de que el régimen genere incentivos para la expansión de prácticas de lobby empresarial.
El informe advierte que las compañías beneficiadas podrían presionar en el futuro para extender o ampliar las ventajas otorgadas por el programa, incluso en escenarios económicos más estables.
Además, plantea que algunas empresas podrían postergar inversiones previstas a la espera de ser incorporadas al régimen y acceder a sus beneficios especiales.
El IERAL cuestiona la ampliación, pero relativiza el impacto fiscal
Desde el IERAL de Fundación Mediterránea también surgieron cuestionamientos al Súper RIGI, aunque con diferencias respecto a los argumentos de Fundar.
El instituto considera que los incentivos podrían acelerar inversiones que de otro modo no se realizarían, por lo que relativiza los riesgos de pérdida de recaudación y de ingreso de divisas.
Sin embargo, advierte que el régimen estaría perdiendo su carácter excepcional y que la creación de nuevas normativas especiales podría profundizar desigualdades entre sectores económicos y aumentar la complejidad administrativa.
El organismo también señaló que una eventual llegada masiva de inversiones podría generar presiones cambiarias y afectar la competitividad de actividades intensivas en mano de obra, especialmente en los grandes centros urbanos.
En uno de los puntos de coincidencia con Fundar, el IERAL remarcó que la proliferación de regímenes especiales incrementa los riesgos de discrecionalidad y de influencia de grupos de interés sobre las políticas públicas.
Las propuestas alternativas para mejorar el esquema
Frente a las críticas planteadas, Fundar propuso una serie de modificaciones orientadas a vincular los beneficios otorgados con objetivos concretos y verificables.
Entre las principales recomendaciones figuran la exigencia de metas de integración local, inversión en investigación y desarrollo, compromisos de exportación, programas obligatorios de desarrollo de proveedores nacionales y requisitos de sustentabilidad ambiental.
Asimismo, sugirió reemplazar la estabilidad fiscal incondicional de 30 años por mecanismos de revisión periódica sujetos al cumplimiento de metas productivas.
Por su parte, el IERAL planteó que el foco debería estar puesto en reformas estructurales que mejoren el clima general de inversiones, en lugar de multiplicar regímenes de excepción para sectores específicos.
De esta manera, el debate sobre el Súper RIGI continúa abierto entre quienes consideran que puede convertirse en una herramienta clave para atraer inversiones y quienes advierten sobre posibles costos fiscales, productivos e institucionales para la economía argentina.
La industria metalúrgica profundiza su crisis: la capacidad ociosa alcanzó niveles similares a los de la pandemiahttps://t.co/rrUylLv5aM pic.twitter.com/izrlxzJs9M
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