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El Senado de la Nación comenzó a debatir en comisiones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa presentada por el gobierno de Javier Milei que plantea modificaciones profundas en el régimen legal vigente. Tras dos jornadas de exposiciones, el tratamiento pasó a cuarto intermedio, en medio de un escenario marcado por posiciones encontradas.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone acelerar desalojos, limitar la intervención estatal y flexibilizar el acceso a tierras, en una reforma integral que abarca desde expropiaciones hasta normativas ambientales y urbanas.
Expropiaciones: requisitos más estrictos y nuevas compensaciones
Uno de los puntos centrales es la modificación de la Ley 21.499, vigente desde 1977. Actualmente, el Estado puede expropiar bienes por razones de “utilidad pública”, pero la iniciativa redefine ese concepto y exige que sea específico, concreto y proporcional, elevando las condiciones para intervenir sobre la propiedad privada.
El texto también introduce cambios en las indemnizaciones: además del valor del bien y los daños directos, se incorpora el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir. A su vez, establece que el valor del inmueble deberá fijarse antes de la intervención y actualizarse por inflación con tasa comercial.
Otro aspecto clave es que el Estado no podrá tomar posesión del bien sin haber pagado previamente la indemnización completa, lo que representa un giro respecto del esquema actual.
Barrios populares: descentralización y fin de garantías
El proyecto también modifica la Ley de Integración Socio Urbana, con un cambio de enfoque: propone trasladar la responsabilidad desde el Estado nacional hacia provincias y municipios.
Entre los puntos más sensibles, se elimina la expropiación generalizada de tierras ocupadas por barrios populares y se reemplaza por mecanismos como la prescripción adquisitiva. Además, se derogan artículos que suspendían desalojos y garantizaban estabilidad a los ocupantes.
Organizaciones sociales como TECHO advirtieron que estas medidas afectan a más de 5 millones de personas que viven en estos barrios, muchos de ellos niños, y cuestionaron el debilitamiento de las garantías habitacionales.
Manejo del fuego: reducción de restricciones
En materia ambiental, la iniciativa introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina el plazo de 60 años de restricciones sobre tierras afectadas por incendios y limita la protección únicamente a bosques nativos.
También deroga normas que extendían prohibiciones por 30 años en otros ecosistemas, como pastizales y zonas agropecuarias. Mientras el oficialismo considera que las restricciones actuales son excesivas, sectores ambientalistas alertan sobre riesgos de avance inmobiliario en áreas vulnerables.
Tierras rurales: apertura a capital extranjero
Otro eje relevante es la reforma de la Ley de Tierras Rurales. La normativa vigente establece un límite del 15% a la propiedad extranjera, pero el proyecto propone eliminar esas restricciones para inversores privados.
Solo se mantendrían limitaciones para Estados extranjeros, aunque con excepciones habilitadas por el Poder Ejecutivo. La medida busca atraer inversiones, pero genera debate sobre el control estratégico del territorio y los recursos naturales.
Desalojos exprés: plazos más cortos y menos requisitos
Uno de los puntos más discutidos es la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal para agilizar los desalojos.
El proyecto establece que estos procesos tramiten bajo la modalidad sumarísima, lo que implica plazos mucho más breves, y elimina la caución real como requisito para la desocupación inmediata, reemplazándola por una declaración jurada del propietario.
Como contrapartida, se fija que el inquilino deberá ser intimado con al menos tres días de anticipación antes de iniciar la demanda por falta de pago.
Desde organizaciones como Inquilinos Agrupados advirtieron que estos cambios podrían ubicar a la Argentina entre los países con plazos de desalojo más cortos de la región, incrementando la vulnerabilidad de los inquilinos.
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Modernización y digitalización del sistema
El proyecto también incluye reformas en la Ley de Propiedad Inmueble para digitalizar trámites, reducir plazos administrativos y mejorar la articulación entre Nación y provincias.
Según el Gobierno, estas medidas apuntan a ganar eficiencia y transparencia en el mercado inmobiliario, reduciendo costos y tiempos.
La iniciativa plantea una transformación estructural del marco legal sobre propiedad privada en Argentina, con impacto en múltiples áreas.
Mientras el oficialismo sostiene que busca fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar la economía, distintos sectores sociales, ambientales y de inquilinos advierten sobre posibles consecuencias en derechos adquiridos y poblaciones vulnerables.
El tratamiento en el Senado continuará en las próximas semanas y anticipa una discusión de fondo sobre el equilibrio entre propiedad privada, rol del Estado y derechos sociales, en un contexto político y económico atravesado por reformas de amplio alcance.
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