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En lo alto de la Casa Rosada, reunidos en una mesa de pequeñas verdades y grandes mentiras, se esgrimen las nuevas medidas de la semana en un modelo de gobierno liderado por alguien que nos recuerda, cada vez más, a la fábula del pastorcito mentiroso.
En tiempos donde las mentiras parecen verdades y las verdades parecen cuentos, lo único que vale son los hechos. Y cuando hablamos de hechos, nos referimos al día a día: lo que le pasa a un vecino que madruga para ir a trabajar y sostener a su familia. Eso que debería ser lo normal, lo justo. Pero… ¿qué pasa cuando repetimos tanto “hay que destruir el Estado” que empezamos a creerlo?
El constante ataque a las instituciones por parte del presidente Milei, la urgencia por recortar todo de la mano de Federico Sturzenegger, y la ausencia de un plan de gobierno que ordene sin destruir, han dejado en evidencia que la motosierra no rebana: destruye. Y en las heridas que deja abiertas, se observa la negligencia del Estado nacional. El ajuste permanente no soluciona los problemas: los expone aún más. Y desde ese lugar de vulnerabilidad, el gobierno pretende gobernar, como si —tras casi dos años— no fuera responsable del mal servicio de luz, agua, gas y alimentos, servicios básicos para la vida humana.
Antes de hablar de lo que ocurrió esta semana con el gas, vale recordar cinco mentiras que fueron dichas como verdades:
- Reducción de subsidios a energía y transporte
La promesa era aliviar gastos fiscales sin afectar la economía familiar.
El resultado fueron los tarifazos en luz, gas y transporte. Aumento del costo de vida. El salario real siguió cayendo.
- Devaluación del peso a $800 por dólar
La promesa era “Sincerar” el tipo de cambio para favorecer exportaciones y frenar la inflación.
El resultado de la devaluación disparó aún más la inflación, encareció importaciones y servicios, y golpeó el bolsillo de las familias.
- Eliminación de la pauta estatal por un año
La promesa era ahorrar $34.000 millones y evitar el derroche en medios.
El resultado fue una ola de despidos en medios, crisis en el sector de la comunicación. El ahorro no se tradujo en estabilidad social ni financiera.
- Cancelación de nuevas obras públicas
La promesa era terminar con la discrecionalidad en licitaciones y ahorrar en subsidios.
El resultado fue la parálisis de más de 3.500 obras, pérdida de 100.000 empleos, caída de inversión en infraestructura, y freno al desarrollo de las provincias.
- Desregulación del INYM mediante el DNU 70/23
La promesa era simplificar el marco normativo y quitar rigidez burocrática.
El resultado fue que el INYM perdió facultades clave como la fijación de precios, el control de plantaciones y la regulación del mercado. Resultado: caída de ingresos para pequeños productores y concentración en la industria molinera.
Esta semana se sumó un nuevo escándalo al “club de la motosierra”: muchas provincias quedaron sin servicio de gas en medio de una ola polar. El recorte, lejos de proyectar futuro o resolver el presente, expone otra vez la fragilidad en la que vivimos. La falta de un plan nacional, en materia energética, económica, social y sanitaria, exige aún más a las provincias, que ya venían afrontando las consecuencias de la pandemia y los desafíos estructurales no resueltos.
Misiones tomó la iniciativa y convocó a las demás provincias a sumarse a un proyecto común. Con el respaldo de todos sus senadores, propuso declarar la emergencia económica para jubilados y personas con discapacidad. La Renovación volvió a estar a la altura del compromiso con su pueblo, presentando una propuesta que no discute si la salida es más o menos Estado, sino qué Estado necesitamos.
Porque el verdadero debate no es cantidad, sino calidad: un Estado suficiente. Un Estado capaz de resolver problemas reales. Donde la salud no se discuta entre “casta” y “anticasta”, sino con más inversión sanitaria. Donde la falta de energía se resuelva con obra pública, no con un modelo soviético de control de recursos que pone en riesgo vidas.
Hablar de desarrollo mientras se desmantelan las economías regionales es una contradicción brutal. El caso del INYM lo demuestra: no se puede construir un país federal destruyendo la herramienta que protege a los pequeños productores, dejando a Misiones a merced de los grandes molinos y condenando al interior a la marginalidad.
La semana de las verdades nos deja una lección: gobernar no es empezar de cero. Gobernar es entender, cuidar y potenciar un país con más de 200 años de historia. Un país que necesita un federalismo real, con diputados que conozcan su provincia, respeten sus raíces y propongan un camino de desarrollo, no de destrucción. Porque no importa cuán cierta sea una mentira ni cuán creíble sea una verdad: lo que importan son los hechos.
