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Claudio Lozano, expresidente del Banco Nación y ex diputado nacional, en el programa Realidad Mixta por Radio Up, aseguró que Argentina transita un momento “delicado”, en el que el Gobierno Nacional busca aprobar un paquete de cuatro reformas estructurales. Advirtió que tendrán efectos regresivos sobre el trabajo, las jubilaciones, el financiamiento de las provincias y el derecho a la protesta.
Frente a este escenario, remarcó la importancia de defender garantías democráticas y evitar que se consolide lo que definió como “una guerra institucional al conjunto de la sociedad”. Lozano señaló que la administración nacional avanza con cuatro reformas clave: Reforma laboral, Reforma previsional, Reforma tributaria, Reforma del Código Penal.
Aseguró que todas ellas tienen impactos negativos y convergentes: generan retrocesos en derechos laborales, deterioro del sistema previsional, desfinanciamiento de las provincias y una profundización del ajuste.
La reforma penal —indicó— agrega un componente adicional: la criminalización de la protesta, porque busca aumentar penas, penalizar cortes y acelerar procesos que involucren manifestaciones públicas. Según Lozano, este enfoque apunta a un mensaje claro: disciplinar a quienes se oponen a las políticas económicas del Gobierno.
Un contexto “delicado” y una deriva autoritaria
En su análisis, Lozano describió una deriva preocupante dentro del oficialismo nacional y advirtió sobre señales institucionales peligrosas. Remarcó que el gobierno provincial —en este caso, Misiones— parecería estar “haciendo buena letra” ante un Ejecutivo nacional que exhibe un perfil represivo y autoritario.
“Estamos viendo un retorno a viejas prácticas”, afirmó, recordando que el Gobierno Nacional designó a un general del Ejército al frente del Ministerio de Defensa.
Cuestionó esa decisión por la “historia realmente compleja” del militar elegido y alertó sobre un riesgo mayor: la posibilidad de “volver a incorporar a las Fuerzas Armadas como tropa de ocupación dentro de nuestro territorio”. Sumó, además, una caracterización dura al clima político actual: “El Gobierno Nacional ha declarado una guerra institucional al conjunto de la sociedad”.
Juicios como señales políticas: “tanta relevancia” en un país en tensión
Lozano ubicó el juicio contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez dentro de este mismo cuadro nacional. Dijo que el proceso judicial adquiere un valor simbólico elevado en este contexto de reformas, conflictividad creciente y endurecimiento institucional.
“El momento es delicado”, sostuvo, y por eso reclamó la absolución de ambos docentes. Enfatizó la importancia de defender el derecho a la protesta y las conquistas laborales.
Afirmó que este tipo de juicios funcionan como ensayos o señales políticas que buscan amedrentar a quienes encabezan reclamos sociales, justamente en un país que, según anticipó, verá niveles crecientes de conflicto conforme avancen las reformas estructurales.
Legitimidad social del Gobierno: “más de 12 millones no acompañaron la propuesta”
En su análisis electoral, Lozano relativizó la fortaleza política del presidente Javier Milei. Dijo que, aunque el Presidente obtuvo un espaldarazo institucional al ganar el balotaje, los números concretos cuentan otra historia:
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Milei fue votado por aproximadamente el 25% del padrón.
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Más de 8 millones eligieron alternativas del peronismo.
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Casi 800.000 optaron por fuerzas de izquierda.
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3.200.000 personas dejaron de votar respecto a elecciones anteriores.
De esa aritmética surge que más de 12 millones de personas no acompañaron el proyecto político del Gobierno Nacional. A esto sumó un señalamiento geopolítico: “Hay un alineamiento cada vez más extremo y preocupante, casi de carácter colonial, con los Estados Unidos”.
Advirtió que el impacto de estas decisiones ya se ve en las condiciones de vida y que Misiones será una de las provincias más afectadas.
Reforma tributaria: un golpe directo al federalismo y a Misiones
Lozano se detuvo de manera particular en la reforma tributaria proyectada por el Gobierno Nacional. Dijo que implica eliminar Ingresos Brutos, que definió como “el impuesto más importante de la provincia de Misiones”.
Ese tributo sería reemplazado por un IVA provincial, pero con una recaudación “muchísimo menor”. La consecuencia, según explicó: “Esto va a implicar niveles de ajuste sobre el gasto provincial superiores a los que han tenido hasta acá”.
Es decir, menos recursos para funcionamiento, salarios, salud, educación y programas provinciales. Y el impacto se produce en un momento económico ya crítico.
Salarios docentes y deterioro social
Lozano sumó datos sobre la situación de los trabajadores de la educación en Misiones. Mencionó que el salario promedio del maestro de grado es de $618.000, lejos de cubrir el costo de vida:
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Línea de pobreza: alrededor de $1.200.000
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Canasta de indigencia: cerca de $550.000
Conclusión: “El salario docente está por debajo de la línea de pobreza y apenas por encima de la indigencia”. Si además se elimina Ingresos Brutos y se reduce la recaudación provincial, el deterioro —indicó— sería aún mayor.