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La disputa judicial por la reforma laboral sumó este martes un nuevo capítulo con impacto directo en su futuro. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional deberá tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal, y no en la Justicia del Trabajo, como pretendía la central sindical.
El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, se alineó con la postura del Gobierno de Javier Milei y marcó otro revés para la estrategia judicial de la CGT, que había impulsado una cautelar por la supuesta inconstitucionalidad de la normativa.
El origen del caso se remonta a un conflicto entre tribunales. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se había declarado competente para intervenir, pero el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó esa postura y dispuso enviar el expediente a la Cámara del Trabajo.
Frente a esta controversia, la Cámara debió intervenir para definir qué fuero correspondía. Finalmente, determinó que el expediente debe continuar en el ámbito contencioso administrativo federal, en línea con lo previsto por la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
En su resolución, los camaristas cuestionaron el accionar del juzgado laboral al considerar que se apartó del procedimiento adecuado, generando un conflicto que afectó la celeridad del proceso.
Al analizar el fondo de la cuestión, los jueces sostuvieron que el caso excede el ámbito estrictamente laboral, ya que involucra aspectos de naturaleza federal, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial.
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En ese sentido, entendieron que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo, que es el encargado de resolver conflictos vinculados con la actuación del Estado y la constitucionalidad de sus normas.
La decisión fue interpretada como una mala noticia para la CGT, que considera que este fuero resulta más cercano a la postura del Gobierno y podría convalidar la vigencia de la reforma laboral.
Sin embargo, tanto el oficialismo como la central obrera coinciden en que el caso tendrá un largo recorrido judicial y que, en última instancia, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina la que deberá definir la constitucionalidad de la normativa.
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