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El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves no suspender la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pese a las denuncias presentadas contra el proceso por presuntas irregularidades, direccionamiento del pliego y posible falsificación de documentación.
La decisión quedó plasmada en una resolución de 15 páginas en la que el magistrado rechazó las medidas de no innovar impulsadas por la diputada Marcela Pagano y por Fernando Míguez, quienes reclamaban la suspensión inmediata del trámite licitatorio.
En el fallo, Rafecas sostuvo que las denuncias presentadas se apoyan, “en gran parte”, sobre “la presunción de un futuro hecho ilícito” y consideró que el estado inicial de la investigación no permite avanzar con una medida cautelar de semejante alcance.
“Lo incipiente de la pesquisa impide hacer lugar a la medida peticionada”, afirmó el juez, en línea con el criterio previamente expresado por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Además, el magistrado señaló que no se logró acreditar “la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad del accionar administrativo”, ni tampoco “el peligro concreto en la demora”, uno de los requisitos centrales para habilitar una cautelar contra el Estado.
Rafecas también remarcó que las decisiones judiciales que buscan suspender actos administrativos deben aplicarse con “el máximo grado de prudencia”, para evitar interferencias indebidas sobre las funciones del Poder Ejecutivo.
Las denuncias contra el proceso licitatorio
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el pasado 11 de mayo por Marcela Pagano, quien sostuvo que la licitación habría sido “direccionada para favorecer a un grupo determinado de beneficiarios”.
Entre otras acusaciones, la diputada denunció supuestos vínculos entre funcionarios nacionales y empresarios ligados al proceso, además de asegurar que el pliego habría sido confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas.
También afirmó que existirían “socios ocultos” detrás de la empresa belga Jan De Nul y que se habría incorporado “documentación falsificada atribuida a la ONU”.
Según la presentación judicial, los hechos podrían configurar delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
A esa denuncia se sumó otra impulsada por Fernando Míguez, quien advirtió sobre un supuesto “perjuicio proyectado de 7.000 millones de dólares” durante el período de concesión.
En ese escrito también fueron mencionados el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.
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El respaldo al criterio de Marijuan
Previo al fallo de Rafecas, el fiscal Guillermo Marijuan ya había dictaminado en contra de suspender la licitación.
En su presentación sostuvo que no existían elementos suficientes para demostrar arbitrariedad manifiesta por parte de la administración pública y advirtió que “tal extremo no puede sustentarse en meras conjeturas”.
Finalmente, Rafecas se alineó con ese criterio y recordó que las medidas cautelares contra el Estado tienen carácter restrictivo debido a la “presunción de legitimidad” de los actos administrativos.
Con esta resolución, la licitación de la Hidrovía continuará su curso mientras la Fiscalía Federal avanza con la investigación sobre las denuncias presentadas.
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