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El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la denominada Ley de la Dosimetría, una norma que modifica el cálculo de las penas para los condenados por los ataques a las sedes de los Tres Poderes ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia.
La legislación beneficia directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado y otros delitos relacionados con los hechos considerados antidemocráticos por la Justicia brasileña.
La ley había sido aprobada por el Congreso brasileño en diciembre de 2025, pero fue vetada de manera integral por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 8 de enero, fecha en la que se cumplieron tres años de los ataques contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Sin embargo, el jueves pasado tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron para revertir el veto presidencial. En Diputados, la anulación obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra, mientras que en el Senado recibió 49 votos positivos frente a 24 negativos, superando ampliamente el mínimo requerido para su aprobación.
De acuerdo con el sistema institucional brasileño, cuando el presidente de la República no promulga una ley en un plazo de 48 horas tras la comunicación oficial del Congreso, la responsabilidad pasa al presidente del Senado. La situación se produjo luego de que Luiz Inácio Lula da Silva viajara a Estados Unidos el pasado 6 de mayo, fecha en la que vencía el plazo legal.
La nueva normativa establece que no podrán sumarse las penas correspondientes a los delitos de abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado. En cambio, se aplicará únicamente la sanción del delito más grave, con un aumento de entre un sexto y la mitad de la condena.
Además, la ley prevé reducciones de entre uno y dos tercios de las penas para quienes hayan participado en hechos cometidos en contexto de multitud, siempre que no hayan sido identificados como líderes o financiadores de las acciones.
La publicación oficial en el Diario Oficial de la Unión está prevista para las próximas horas, momento a partir del cual la norma entrará en vigencia en todo Brasil.
Mientras tanto, sectores aliados al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya anticiparon que buscarán impugnar la constitucionalidad de la medida ante el Supremo Tribunal Federal, lo que podría abrir un nuevo frente judicial y político en el país vecino.
