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La influencer Valentina Olguín fue procesada en Tucumán por el delito de contrabando por simulación, luego de que se comprobara que utilizó el CUIT del gobernador Osvaldo Jaldo para realizar compras en una tienda online de Estados Unidos. Según la investigación, el perjuicio fiscal superaría los 1.200 dólares.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Juan Manuel Díaz Vélez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, quien también ordenó un embargo sobre los bienes de Olguín por un total de 5 millones de pesos. La medida fue dictada sin prisión preventiva.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el propio gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 advirtió que su CUIT había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, enviadas a un domicilio particular del barrio porteño de Núñez. A partir de esa información, se inició una investigación que involucró a la Aduana de Tucumán, la empresa de envíos y el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal.
Los investigadores determinaron que Olguín realizó al menos cinco pedidos entre septiembre y octubre de 2024 a través de la tienda online Revolve, especializada en indumentaria femenina. Los envíos llegaron al domicilio de la influencer y fueron recibidos por ella o personas de su entorno.
Durante un allanamiento realizado en diciembre en el domicilio de Olguín, las autoridades incautaron 16.646 dólares en efectivo, once bolsas con ropa de la marca Revolve, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a los envíos.
En su declaración indagatoria, la influencer reconoció haber utilizado datos personales ajenos seleccionados “al azar” por internet para evitar las restricciones del régimen aduanero, y calificó su accionar como una “decisión inmadura e irresponsable”. Aseguró además que desconocía que uno de los CUIT utilizados correspondía al gobernador tucumano y que había dejado de realizar pedidos en septiembre.
Además del caso en Tucumán, Olguín también está acusada en Buenos Aires, La Pampa, San Juan y Entre Ríos por el mismo modus operandi. Según la investigación, habría utilizado los datos fiscales de los gobernadores Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio para realizar once compras adicionales desde el extranjero.
El juez Díaz Vélez declaró la incompetencia parcial en relación a esos hechos y remitió las actuaciones a la Justicia Federal de cada jurisdicción.
