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El debate por el Presupuesto 2026 se transformó en un verdadero pulso político entre la Casa Rosada y las provincias. A días de su tratamiento en sesiones extraordinarias, los mandatarios provinciales endurecieron sus posiciones y exigen una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mayor participación en el impuesto a los combustibles, más fondos para cubrir el déficit de las cajas previsionales y avales para acceder a endeudamiento destinado a obras públicas.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, busca aprobar el proyecto de presupuesto antes de fin de año. Sin embargo, para alcanzar los votos necesarios en el Congreso, el Gobierno deberá atender los reclamos de los gobernadores “dialoguistas”, que hoy tienen la llave para destrabar el acuerdo fiscal y político que necesita el Ejecutivo nacional.
Negociaciones políticas en tiempo de descuento
El ministro designado del Interior, Diego Santilli, intensificó en los últimos días una agenda de reuniones con distintos mandatarios provinciales. La semana pasada recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al de Catamarca, Raúl Jalil. Este lunes hizo lo propio con los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Martín Llaryora de Córdoba.
El objetivo central es claro: garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 durante el período de sesiones extraordinarias, previsto entre el 10 y el 31 de diciembre. Aunque el oficialismo contará con 90 diputados y, sumando aliados, podría llegar a 115 bancas, aún necesitará al menos 15 votos adicionales para sancionar la ley en la Cámara baja. Por eso, los acuerdos con las provincias resultan estratégicos y podrían definir el futuro de la gestión económica del Gobierno.
El reparto del dinero: 7,7 billones para las provincias
De acuerdo con el texto del Presupuesto 2026, el Gobierno Nacional girará a las provincias $7,7 billones de pesos, correspondientes a la coparticipación federal y a programas específicos acordados entre Nación y jurisdicciones.
Según el desglose oficial, $73,9 billones (95,3%) se destinarán a transferencias automáticas, que se reparten conforme a los índices de coparticipación; mientras que $3,6 billones (4,7%) corresponden a transferencias no automáticas, aquellas que dependen de decisiones del Ejecutivo o de la aprobación del Congreso.
Aunque la cifra representa un incremento del 31% respecto de 2025, los gobernadores sostienen que ese aumento no alcanza para compensar la inflación proyectada ni el mayor peso de los gastos corrientes y sociales que afrontan las provincias. En ese contexto, reclaman mayores asignaciones y una actualización de los criterios de reparto.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el punto más sensible
Uno de los ejes más conflictivos es la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que el Estado nacional gira a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrio financiero.
Para el presupuesto 2026, la partida de ATN asciende a $569.426 millones, más del doble que el año anterior. No obstante, el debate no pasa sólo por el monto, sino por el mecanismo de distribución.
El año pasado, el Congreso había aprobado una ley que establecía el reparto automático y diario de los ATN, de acuerdo con los coeficientes de coparticipación. Sin embargo, esa norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, que mantiene la potestad discrecional sobre su asignación.
Ahora, los gobernadores piden que en presupuesto se restituya la distribución automática, mientras que el Gobierno propone apenas “flexibilizar” el esquema actual, autorizando que el remanente pueda ser distribuido al cierre de cada ejercicio fiscal. Esta diferencia, que parece técnica, en realidad implica una fuerte disputa por el control político y financiero sobre los recursos.
El impuesto a los combustibles: otro reclamo en debate
El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono es otro de los focos de tensión. Según el proyecto oficial, en 2026 este tributo recaudará $7,6 billones de pesos, pero las provincias apenas recibirían un 10% de ese total.
Actualmente, el esquema de distribución otorga un 28,6% a la ANSES, 24,29% al Tesoro Nacional, 10% a las provincias y el resto a fideicomisos, muchos de los cuales fueron eliminados o absorbidos por el Estado nacional.
Los gobernadores reclaman elevar su participación al 52%, como lo planteaba un proyecto que fue rechazado en Diputados meses atrás. Argumentan que esos fondos permitirían financiar obras viales, energéticas y de conectividad, además de compensar la caída de transferencias discrecionales y el aumento de los costos de transporte.
En la práctica, la eliminación de los fideicomisos y la concentración del impuesto en el Tesoro fortalecen la caja nacional en detrimento de los distritos, lo que genera un escenario de desigualdad fiscal creciente.
El déficit de las cajas previsionales provinciales
Otro punto clave es el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la Nación, que aún administran trece provincias, entre ellas Misiones, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El proyecto del Presupuesto 2026 prevé $122.762 millones para cubrir esas erogaciones dentro del programa “Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”. Sin embargo, los mandatarios consideran que el monto es insuficiente, ya que en 2025 la cifra rondó los $250.000 millones y estiman que para cumplir la ley vigente se necesitarían al menos $900.000 millones.
Además, la normativa establece que la transferencia sólo procederá si la provincia presenta un déficit reconocido por la ANSES, ya sea provisorio o definitivo, correspondiente como mínimo al ejercicio 2021 o posterior. Este requisito técnico podría dejar fuera a varias jurisdicciones, reduciendo su capacidad de financiamiento y complicando el pago a jubilados y pensionados provinciales.
Obras públicas y avales para el endeudamiento
En un contexto de fuerte recorte de la inversión estatal, los gobernadores reclaman que el Presupuesto 2026 contemple mayores partidas para obras públicas, especialmente en infraestructura vial, sanitaria, educativa y energética.
El reclamo incluye también la posibilidad de obtener avales del Tesoro Nacional para acceder a créditos internacionales o financiar proyectos estratégicos. Provincias como Misiones, Chaco, Formosa, San Juan y Catamarca plantearon la necesidad de contar con ese respaldo para avanzar con proyectos de redes eléctricas, rutas y obras de saneamiento.
El ministro Santilli reconoció que el nuevo esquema presupuestario priorizará obras “de impacto regional”, pero no confirmó si se incluirá un fondo especial para avales. En la práctica, los gobernadores ven en esta herramienta una vía para sostener la obra pública sin depender totalmente de la Nación.
El peso político de las provincias en la negociación
El federalismo argentino vuelve a ponerse a prueba. Mientras el Gobierno busca mantener el equilibrio fiscal y cumplir metas con organismos internacionales, las provincias reclaman autonomía financiera y previsibilidad.
El bloque de gobernadores “dialoguistas”, entre los que se encuentran los de Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Misiones, pretende una reforma del esquema de coparticipación y una mayor transparencia en los ATN. Detrás del reclamo económico, subyace una disputa de poder: quién controla el flujo de fondos y, por ende, la capacidad de gestión territorial.
Para el oficialismo, atender parcialmente las demandas podría asegurar la aprobación del presupuesto; pero ceder demasiado podría generar un desbalance fiscal que ponga en riesgo el cumplimiento de las metas macroeconómicas.
En ese delicado equilibrio, cada gobernador busca posicionar sus prioridades: desde la energía y el transporte hasta la educación y la salud. El desafío será encontrar una fórmula que combine disciplina fiscal con desarrollo federal.
Misiones y el impacto regional del Presupuesto 2026
La provincia de Misiones se encuentra entre las más activas en la discusión. Su gobierno plantea que la distribución actual de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles no reflejan la realidad de provincias con fuerte crecimiento demográfico, frontera internacional y una estructura productiva diversa.
El pedido misionero en el presupuesto incluye mayor participación en el impuesto a los combustibles, una actualización en las transferencias previsionales, y avales para obras estratégicas como rutas provinciales, caminos rurales, electrificación y conectividad en zonas rurales.
Misiones argumenta que, con una economía orientada a la producción agroindustrial, foresto-industrial y turística, una distribución más equitativa permitiría fortalecer la infraestructura y generar empleo local. Además, subraya que la previsibilidad fiscal es esencial para sostener el crecimiento y la inversión privada.
Un Presupuesto en clave de poder
El debate por el Presupuesto 2026 es, en esencia, una disputa por el poder dentro del federalismo argentino.
Los ATN, el impuesto a los combustibles, las cajas previsionales y las obras públicas son solo las caras visibles de un conflicto más profundo: la búsqueda de equilibrio entre la autonomía provincial y el control nacional.
Si el Gobierno logra atender las demandas más urgentes sin romper su plan de austeridad, podría encaminar una aprobación que le dé estabilidad política. Pero si las negociaciones fracasan, el conflicto con las provincias podría escalar y tensar aún más el clima institucional.
En última instancia, el Presupuesto 2026 será una prueba crucial para medir hasta dónde el Ejecutivo puede combinar disciplina fiscal con federalismo real, y si el diálogo con las provincias se convierte en una herramienta de consenso o en un campo de batalla política.
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