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El Senado de la Nación se encamina a debatir y aprobar este viernes el Presupuesto 2026, el primero diseñado íntegramente por el gobierno de Javier Milei, una ley que trasciende el plano técnico para convertirse en una definición política profunda sobre el rol del Estado y, sobre todo, sobre cómo se distribuyen los costos y beneficios del ajuste en la sociedad argentina. Con los votos asegurados para su sanción en general, el debate legislativo aparece casi resuelto, aunque el debate social permanece abierto.
El proyecto plantea un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno, un superávit fiscal del 1,5% del PBI y una asignación del 85% de los recursos a gastos sociales, números que el oficialismo exhibe como prueba de orden y previsibilidad. Sin embargo, detrás de esas proyecciones optimistas se despliega una realidad cotidiana marcada por ingresos que aún no recuperan poder adquisitivo, jubilaciones que siguen corriendo detrás de la inflación y sectores vulnerables que sienten con mayor crudeza el impacto del ajuste.
Una aprobación asegurada y una discusión desigual
La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, luego de los acuerdos alcanzados en Labor Parlamentaria. La Libertad Avanza logró articular una mayoría con el acompañamiento de sectores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y cuatro senadores peronistas, garantizando la aprobación en general del Presupuesto. La mayor parte del bloque justicialista, en cambio, rechaza el proyecto al considerar que consolida un modelo económico que prioriza las variables fiscales por sobre las sociales.
La ley llegará al recinto sin cambios respecto del texto aprobado en Diputados, luego de que el propio Milei ratificara que no vetará la norma. Así, el trámite parlamentario parece encaminarse sin sobresaltos, aunque fuera del Congreso persisten los interrogantes sobre quiénes serán los verdaderos ganadores y perdedores del modelo económico que se intenta consolidar.
Inflación baja, pero a qué costo
El Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual del 10,4%, con una variación interanual del 14%, cifras que el Gobierno presenta como un logro del programa de estabilización y del freno a la emisión monetaria. No obstante, para amplios sectores sociales, la desaceleración inflacionaria convive con salarios, jubilaciones y planes sociales que todavía no logran recomponerse tras el fuerte ajuste inicial de la gestión libertaria.
La prohibición de que el Tesoro se financie con el Banco Central, celebrada por los mercados, tiene su contracara en un Estado con menos margen para responder ante emergencias sociales, económicas o climáticas. El orden macroeconómico aparece así como un objetivo alcanzable, pero sostenido sobre un delicado equilibrio social.
Superávit fiscal y un Estado más austero
El texto prevé recursos por 148,2 billones de pesos, un gasto total de 148 billones y un superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos, consolidando el equilibrio fiscal como dogma central del gobierno de Milei. Para el Ejecutivo, este superávit es la garantía de que el país no volverá a caer en crisis recurrentes; para la oposición y organizaciones sociales, es la evidencia de un ajuste que recorta presencia estatal en áreas sensibles.
El discurso oficial insiste en que “el Estado no gasta más de lo que tiene”, pero la discusión de fondo pasa por qué deja de hacer el Estado cuando se retrae y quién ocupa ese vacío en una sociedad atravesada por desigualdades estructurales.
El peso del gasto social y la realidad de los jubilados
El Gobierno subraya que el 85% del Presupuesto se destina a gastos sociales, aunque una lectura más profunda muestra que gran parte de ese porcentaje está concentrado en el sistema previsional. El Presupuesto asigna 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones, una cifra elevada en términos nominales, pero que en la práctica continúa siendo insuficiente para millones de adultos mayores que ajustan su vida cotidiana entre medicamentos, alquileres y alimentos cada vez más caros.
En este punto, el debate deja de ser técnico y se vuelve humano: el superávit fiscal convive con jubilados que eligen qué comprar y qué dejar, con familias que reducen consumos básicos y con jóvenes que postergan proyectos ante la incertidumbre laboral.
Universidades, discapacidad y los límites del ajuste
El proyecto finalmente no incluye la derogación de las leyes vinculadas a Discapacidad y Presupuesto Universitario, luego de la resistencia de radicales y bloques provinciales. La asignación de 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales aparece como un punto de alivio dentro de un esquema general de restricción, aunque rectores y docentes advierten que los fondos siguen siendo insuficientes frente a la inflación acumulada y la pérdida salarial.
El hecho de que estos artículos hayan quedado fuera del Presupuesto revela un límite político y social al ajuste, incluso entre los aliados del oficialismo, y deja en evidencia que no todas las áreas pueden ser tratadas únicamente bajo la lógica del equilibrio fiscal.
Crecimiento proyectado y realidades desiguales
Las estimaciones oficiales anticipan un crecimiento del consumo privado del 4,9%, del consumo público del 4,5% y un aumento de las inversiones del 9,4%, datos que sugieren una economía en recuperación. Sin embargo, ese crecimiento no necesariamente se traduce de manera homogénea en la vida cotidiana de la población, especialmente en las provincias y en los sectores informales.
En el comercio exterior, el Presupuesto proyecta un aumento de exportaciones del 10,6% y de importaciones del 11,1%, reflejando una mayor apertura económica. El desafío será que ese dinamismo no quede concentrado en pocos sectores y que logre derramar sobre el empleo y los ingresos reales.
Una ley aprobada, una sociedad en tensión
El Presupuesto 2026 será aprobado, pero eso no implica consenso social. La norma consolida el rumbo económico de Javier Milei, basado en el superávit fiscal, la disciplina monetaria y un Estado más austero. Al mismo tiempo, deja abiertas preguntas profundas sobre el impacto humano de ese modelo, especialmente en un país donde la pobreza, la informalidad y la desigualdad siguen siendo realidades persistentes.
Más allá de las cifras y los equilibrios macroeconómicos, el verdadero desafío del Presupuesto no será su aprobación en el Senado, sino cómo se traduce en la vida diaria de millones de argentinos, para quienes el orden fiscal solo tendrá sentido si viene acompañado de dignidad, oportunidades y una mejora real en las condiciones de vida.
Crece el empleo informal y sus trabajadores ganan la mitad de los que están “en blanco” https://t.co/jFKtiPBF1c
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 25, 2025
