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En los últimos meses, se multiplicaron los casos de personas que ven suspendidos o directamente impedidos sus beneficios debido a inconsistencias en los registros migratorios utilizados por organismos nacionales, especialmente la ANSES. Estas irregularidades, que en muchos casos responden a errores administrativos o fallas técnicas, terminan impactando directamente en sectores altamente vulnerables.
El proyecto solicita que los diputados nacionales por Misiones intercedan ante la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones para revisar los mecanismos actuales de acreditación de residencia. La iniciativa propone avanzar hacia sistemas más flexibles que permitan validar la residencia mediante distintos medios de prueba, evitando que errores en los registros deriven en la pérdida de derechos adquiridos.
Desde el PAyS advirtieron que la situación genera un fuerte perjuicio social, ya que muchas de las personas afectadas dependen exclusivamente de estos ingresos para su subsistencia. La interrupción de una jubilación o pensión impacta de forma inmediata en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
Además, remarcaron que en numerosos casos las inconsistencias no responden a una residencia real en el exterior, sino a problemas como fallas en la carga de datos en pasos fronterizos, cortes de energía o errores en los sistemas informáticos.
La problemática se vuelve más grave en Misiones, una provincia de frontera donde el tránsito cotidiano hacia Paraguay y Brasil forma parte de la vida diaria por razones laborales, comerciales y familiares. Esta dinámica, sumada a deficiencias en los sistemas de registración, incrementa el riesgo de inconsistencias que luego afectan los trámites previsionales. “El Estado no puede castigar a los ciudadanos por errores propios. No puede ser que una persona pierda su jubilación por una falla administrativa o por un dato mal cargado”, señalaron desde el entorno del legislador.
Asimismo, se recordó que esta situación ya fue advertida a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo, que recomendó no utilizar de manera exclusiva los registros migratorios como criterio para definir el acceso a prestaciones sociales y avanzar hacia criterios más amplios y justos.
Con esta iniciativa, Bárbaro busca instalar en agenda una problemática silenciosa pero extendida y promover soluciones concretas que garanticen el acceso efectivo a los derechos previsionales y sociales de miles de misioneros.
