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El Gobierno de Perú prorrogó por 30 días el estado de emergencia vigente desde octubre en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao, con el objetivo de reforzar las acciones contra la criminalidad y otras manifestaciones de violencia que afectan el orden interno.
La ampliación de la medida, fue decretada mediante un Decreto Supremo que entrará en vigencia desde este viernes 21 de noviembre. En este período, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.
Según informó el Ejecutivo, la extensión permitirá que la PNP determine zonas de intervención basadas en inteligencia, indicadores y mapas del delito, herramientas clave para enfrentar delitos de alto impacto como homicidios, sicariato y extorsiones, que siguen en aumento en ambas jurisdicciones.
El decreto, refrendado por el presidente José Jerí y los ministros del Gabinete, establece que la implementación de todas las acciones previstas será financiada con el presupuesto institucional y con recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas.
Restricciones durante el régimen de excepción
La prórroga implica la continuidad del régimen de excepción establecido en el artículo 137 de la Constitución peruana, que permite la restricción de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Además, las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo requerirán autorización previa, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Los eventos no masivos, en cambio, podrán desarrollarse sin permiso.
La actuación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas deberá seguir los protocolos establecidos para intervenciones en contextos de detención y en situaciones que involucren a personas vulnerables.
Un escenario de creciente inseguridad
La Comandancia General de la PNP recomendó extender la emergencia debido a la persistente perturbación del orden interno, asociada al incremento de delitos violentos en Lima y Callao.
El presidente José Jerí había anticipado esta decisión días atrás, al cumplirse un mes de la implementación inicial de la medida. “Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar. No nos estamos amilanando ante la delincuencia”, afirmó. También señaló que, al asumir el Gobierno, encontró indicadores de criminalidad en ascenso y una “inacción” estatal, aunque aseguró que su gestión logró frenar ese crecimiento.
El desafío, reconoció, será ahora lograr que los índices delictivos comiencen a descender.
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