Trabajadores de peajes en distintos puntos del país iniciaron una protesta ante el vencimiento del contrato de concesión de Caminos del Río Uruguay S.A., empresa que tiene a su cargo los corredores viales de las rutas nacionales 12, 14 y el puente Rosario-Victoria. El conflicto se intensificó este lunes, fecha en la que finaliza oficialmente la concesión otorgada a la empresa. Hasta el momento, Vialidad Nacional no comunicó si absorberá al personal actual. La situación mantiene en alerta a cerca de 500 trabajadores de peajes en todo el país, quienes temen perder sus puestos de trabajo.
Desde el gremio que agrupa a los trabajadores del sector, señalaron que se trata de un reclamo por estabilidad laboral. Indicaron que aún no recibieron propuestas concretas por parte del Gobierno nacional para garantizar la continuidad de los puestos laborales tras el vencimiento del contrato.
Cabe señalar que, en Misiones, la medida afecta particularmente a las estaciones ubicadas en Colonia Victoria y Santa Ana. En ambos puntos, los empleados interrumpieron sus tareas habituales, dejaron de realizar el pesaje de vehículos y levantaron las barreras, por lo que el tránsito vehicular circula sin interrupciones ni cobros.
Caminos del Río Uruguay y un contrato que fue renegociado dos veces
Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), se refirió al conflicto y afirmó que el problema de fondo afecta también a los usuarios de las rutas. Aseguró que los peajes representan “una estafa vial” que lleva más de 30 años, con cobros continuos sin mejoras equivalentes en la infraestructura.
Lasca explicó que “el contrato de Caminos del Río Uruguay fue renegociado en dos oportunidades anteriores y prorrogado por dos años más de forma irregular”, según sostuvo. Agregó que los trabajadores conocen esta situación desde hace tiempo, por lo que el vencimiento no resulta sorpresivo.
En declaraciones públicas, expresó que la responsabilidad no recae sobre los usuarios. “Lamentamos la situación de los empleados, pero los usuarios no somos responsables”, indicó. Además, cuestionó el rol de referentes sindicales y sostuvo que el sistema de peajes se transformó en un negocio que perjudica a quienes deben transitar a diario.
En ese sentido, apuntó contra el modelo de concesiones viales y advirtió que el esquema se encamina hacia la implementación total del sistema de pórticos electrónicos y TelePASE, eliminando el pago manual en cabinas. “A la larga, terminarán con los peajes tradicionales”, dijo.
Lasca también criticó la aplicación de cobros en rutas nacionales ya pagadas por el Estado y mencionó el principio de libre circulación establecido en la Constitución Nacional. “La doble imposición no está permitida. El Estado tiene recursos para mantener las rutas sin aplicar peajes, pero cada gestión administra esos fondos de forma deficiente”, agregó.
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Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional no emitieron un comunicado oficial sobre la situación de los trabajadores afectados por el fin de la concesión. En paralelo, el tránsito continúa habilitado en las rutas nacionales involucradas, sin peajes ni controles de pesaje en los puntos afectados por la medida.
El conflicto permanece abierto, mientras los trabajadores esperan una resolución que les brinde garantías de continuidad laboral, y los usuarios, una respuesta definitiva sobre el futuro de los peajes en las rutas del país.
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