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Con una fuerte denuncia ante la Justicia Federal en Oberá, el Partido Agrario y Social (PAyS) de Misiones exigió al Gobierno Nacional la suspensión inmediata de las auditorías a las pensiones no contributivas por discapacidad, calificándolas como un “atropello cruel, desinformado y violatorio de los derechos humanos”.
La presentación se realizó este viernes en el Juzgado Federal de Oberá y estuvo encabezada por el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, junto a los diputados Cristian Gabriel Castro, Blanca Ester Álvez y otros referentes del espacio. El planteo judicial se concretó mediante una medida autosatisfactiva que reclama la suspensión de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Lo que está haciendo el gobierno nacional con chicos con discapacidad es una aberración. Por eso estamos cumpliendo nuestra promesa de defender a los más vulnerables”, expresó Bárbaro con indignación.
“Queremos que se pare esta auditoría hasta que definan un mecanismo que no humille a las personas. No estamos en contra de que revisen si algunos casos no deben cobrar, pero lo que están haciendo es maltrato, es desinformación y es una humillación”, añadió.
Graves irregularidades en Misiones
El PAyS alertó que en la provincia se están auditando más de 80 mil pensiones por invalidez. Muchas citaciones no llegan por carta documento, obligando a los beneficiarios a trasladarse hasta 50 km para ser evaluados, bajo amenaza de perder el único ingreso que reciben: $207.000 mensuales.
En lugares del interior profundo, donde las direcciones se identifican por lote o parcela, las notificaciones son imposibles de cumplir. En respuesta, la ANDIS publicó listados con nombres completos, fechas y horarios en medios de comunicación y redes sociales, exponiendo a personas con discapacidad y violando la Ley de Protección de Datos Personales.
Entre los hechos que mencionaron, estuvo el del 6 de mayo, donde más de 500 personas de El Soberbio debieron trasladarse a San Vicente para una auditoría masiva, sin baños, sin agua, bajo el sol, con niños, sin dinero para el regreso ni comida. “Todo el operativo es una maquinaria de exclusión disfrazada de control”, denunció el PAyS en su presentación judicial.
La situación se agrava con la brecha digital en zonas rurales, donde no hay acceso a internet o dispositivos. Aun así, la ANDIS exige justificaciones por mail en caso de ausencias, lo que es considerado “una burla cruel e ineficaz”.
El pedido del PAyS incluye medidas concretas:
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Excluir del operativo a quienes ya posean Certificado Único de Discapacidad o fueron auditados en 2017.
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Garantizar notificaciones fehacientes y personalizadas.
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Prohibir la publicación de listados en medios.
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Desplegar operativos médicos móviles en el territorio.
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Proveer transporte para zonas alejadas.
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Ofrecer alternativas presenciales para entregar documentación sin depender de internet.
El PAyS reafirmó que “En tiempos donde muchos miran para otro lado, el PAyS reafirma su coherencia: siempre del lado del pueblo, siempre con los humildes”, concluyó el comunicado.
Participaron también de la presentación judicial Elvani Goring (2° candidata a diputada), Isaac Lenguaza (presidente del PAyS), Cali Goring (intendente de Colonia Aurora), Normelia Dos Santos, Ariel “Opa Opa” Pereyra, Luis Benítez y Bidu Rivero.
