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Una denuncia penal fue presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.
La iniciativa fue impulsada por la diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, quien solicitó a la Justicia que investigue posibles delitos vinculados a la administración pública.
Sospechas sobre licitaciones millonarias
Según la presentación, una licitación promovida desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de 3.650 millones de pesos para servicios de mensajería masiva, incluyendo envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
El escrito advierte sobre posibles vínculos societarios entre distintas firmas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría comprometer los principios de transparencia y competencia.
En ese sentido, la denuncia señala que la reiterada participación de empresas relacionadas y las variaciones de precios en procesos similares podrían configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
El foco en Tecnópolis y un posible conflicto de intereses
Otro de los ejes centrales de la denuncia es el proceso de concesión de Tecnópolis, estimado en más de 183.300 millones de pesos, que se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se plantea un presunto conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
Además, el escrito menciona conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denunciante, podría constituir un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública.
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Posibles delitos y pedido de investigación
De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de distintas medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios involucrados.
El caso quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar los elementos presentados y definir si avanza con la investigación formal sobre uno de los procesos administrativos más relevantes en materia de contrataciones y concesiones estatales recientes.
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