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En 1998 se estrenó una película tan icónica que terminó generando su propio síndrome: The Truman Show. Aquella historia proponía una idea perturbadora pero seductora: ¿y si, sin saberlo, estuviéramos viviendo dentro de un reality show? ¿Y si nuestras vidas estuvieran siendo observadas las 24 horas por millones de personas?
Salvando las abismales diferencias, mañana termina uno de los realities más intensos que tuvo la agenda misionera en el último tiempo: el juicio a los hermanos Kizcka. Fueron 12 días de audiencias públicas, con peritos, testigos, diputados declarando, análisis en programas de televisión y una catarata de caracteres volcados en cientos de notas periodísticas. Todo fue narrado segundo a segundo, como si se tratara de una gala de eliminación.
Durante esas dos semanas, la fiscalía intentó probar que los hermanos accedían a Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) a través de grupos de Telegram, y que, además, utilizaban un canal de YouTube como herramienta para captar menores. También se buscó imputar a Sebastián por la divulgación del material, pero el Tribunal rechazó esa acusación de plano: los hechos señalados no habían sido objeto de investigación formal y, por lo tanto, eran considerados un hecho nuevo.
Sobre los videos publicados en el canal, Germán explicó que eran producciones caseras destinadas a sus sobrinos durante la cuarentena, en lo que —según él— fue una actividad familiar inocente. Más allá de esa declaración, el argumento de la fiscalía se sostiene en una única hipótesis: que Germán conocía el contenido alojado en sus dispositivos y consumía MASI. Frente a eso, la defensa buscó despegarlo por completo, desviando toda la responsabilidad hacia Sebastián.
Y es justamente Sebastián quien aparece más complicado. En su declaración indagatoria alegó desconocimiento de la ley —una defensa endeble, teniendo en cuenta que el Derecho parte del principio de que nadie puede alegar su propia ignorancia como excusa. Reconoció haber visto los videos, haber usado el pendrive y la computadora de Germán y, casi como una travesura adolescente, dijo que simplemente se olvidó de borrar el contenido. Como si un descuido digital pudiera minimizar lo que en verdad implica tener y mirar ese tipo de material.
Mañana se conocerá la sentencia. Todo indica que ambos hermanos serán condenados por distribución de MASI, aunque es probable que la pena de Sebastián sea más grave. La fiscalía además insistirá en imputarle el delito de abuso sexual sin acceso carnal, apoyada en el testimonio de una menor durante la etapa de instrucción. La defensa, en cambio, apuesta a lograr su inimputabilidad por considerar que no comprendía la criminalidad de sus actos, y alega que necesita asistencia de un equipo interdisciplinario para tratar su adicción, no solo a la pedofilia, sino también a otras sustancias.
¿Y después? Una vez conocida la sentencia, no faltarán los titulares grandilocuentes: que fue un fallo histórico, que se le puso un límite a la política, que la Justicia demostró su independencia y reafirmó la igualdad ante la ley. Todo muy solemne, todo muy ejemplar.
Pero bastarán unos días para que el caso se disuelva en el torrente cotidiano de nuevas noticias. El tema será olvidado y el sistema volverá a su curso habitual. Y eso es lo verdaderamente inquietante: que nada nos garantiza que esto no pueda repetirse.
Nuestro sistema electoral permite candidaturas con una liviandad preocupante. En muchas jurisdicciones basta con presentar un certificado de domicilio y acreditar unos años de residencia. Nada se exige sobre antecedentes penales o causas pendientes. El proyecto de “Ficha Limpia”, que buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia pudieran ser candidatas, duerme el sueño eterno en algún cajón del Senado por falta de votos.
En Misiones, aunque nuestros legisladores nacionales apoyaron esa iniciativa, los intentos locales ni siquiera pasaron por comisión. Y si miramos nuestro sistema electoral —listas sábana mediante— el panorama es aún más preocupante: muchos de los nombres que llegan a los cargos son desconocidos para el electorado y, en algunos casos, traen bajo el brazo un historial que haría sonrojar a cualquier prontuario.
Así que sí, mañana se apagan las cámaras. El juicio termina. El show baja el telón. Pero el casting sigue abierto. Y como siempre en esta tragicomedia nacional, los villanos suelen conseguir contrato para la próxima temporada.
