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Misiones
Repasar la historia siempre resulta conveniente, incluso —o sobre todo— cuando se trata de experiencias ocurridas en otros países. Las decisiones de los gobiernos rara vez son neutras: tienen consecuencias concretas sobre la vida de los pueblos. Y casi siempre, detrás de esas decisiones, se construyen relatos para justificarlas, o se deja al descubierto el modelo de país que las sustenta.
En 1840, Irlanda sufrió una de las tragedias humanitarias más devastadoras de Europa: la Gran Hambruna. Millones de personas murieron o se vieron obligadas a emigrar. En ese contexto, Inglaterra —potencia gobernante de la isla— decidió no intervenir. Amparada en el principio de la no intervención y en la lógica de la oferta y la demanda, dejó que “el mercado” resolviera una crisis que era, ante todo, humana. El resultado fue una diáspora masiva y una herida histórica que aún hoy marca a Irlanda.
Las diferencias de contexto con la Argentina actual son evidentes y no admiten comparaciones lineales. Sin embargo, la lógica que subyace a aquellas decisiones resulta inquietantemente familiar. La oferta y la demanda, como herramienta económica, ha sido utilizada por los gobiernos en distintos momentos y bajo diversos modelos. El problema no reside en la herramienta en sí, sino cuando se la absolutiza y se la transforma en una doctrina incuestionable, utilizada para justificar la retirada del Estado incluso frente a situaciones sociales críticas.
En los últimos dos años, la Argentina ha transitado un camino donde esa lógica volvió a ocupar el centro de la escena. Lo que inicialmente se presentó como una oportunidad para ordenar la economía y explorar nuevas formas de gobernanza, hoy aparece consolidado como un dogma. La ley de oferta y demanda dejó de ser una herramienta más dentro del abanico de políticas públicas para convertirse en el argumento central que explica —y justifica— la no intervención estatal.
Aquí emerge uno de los principales puntos de tensión del presente: la mayoría de los argentinos comprende el valor de las reglas del mercado, pero no acepta que el Estado se desentienda de sus responsabilidades básicas. La historia irlandesa no funciona como advertencia por su magnitud, sino por su lógica: cuando el mercado se convierte en el único ordenador de la vida social, los costos no los paga la teoría económica, los paga la gente.
El inicio de este año muestra una Argentina atravesada por una estabilidad económica relativa, aunque cargada de tensiones latentes. El Gobierno nacional sostiene el orden fiscal como su principal activo político, con superávit primario y una inflación en descenso respecto a años anteriores. Sin embargo, esa mejora macroeconómica convive con una realidad microeconómica que todavía no encuentra compensación en la vida cotidiana. El impacto positivo en el bolsillo es limitado y el crecimiento proyectado sigue siendo moderado, dependiente en gran medida del acceso al financiamiento externo y de la recuperación de la inversión.
El frente cambiario, por ahora, se mantiene controlado, con una brecha acotada, aunque persisten dudas sobre su sostenibilidad a mediano plazo. En el plano político, el oficialismo apuesta a profundizar reformas estructurales mientras enfrenta desgaste social y resistencia sectorial. El clima general combina expectativas y cautela, con una sociedad que espera señales claras de mejora real y sostenida.
Debajo de los indicadores macroeconómicos, el entramado social muestra signos evidentes de fragilidad. La caída del consumo, el freno en la actividad de las pymes y el deterioro del empleo informal configuran un mapa de alerta que no siempre aparece reflejado en las estadísticas oficiales. Aunque la inflación desacelera, los salarios y las jubilaciones continúan corriendo por detrás, profundizando la desigualdad y la sensación de ajuste permanente. La reconfiguración de subsidios y el retiro del Estado en áreas sensibles impactan de lleno en los sectores medios y bajos, acumulando tensiones que permanecen contenidas, pero latentes.
En este escenario nacional, la experiencia de algunas provincias introduce matices que merecen ser analizados con atención. Mientras el ajuste y la fragilidad fiscal se extienden en buena parte del país, Misiones aparece como una excepción significativa. Según un informe publicado por Radio Up, basado en datos oficiales analizados por Politikon Chaco, la provincia cerró 2025 con superávit primario y financiero, tras registrar una suba del gasto total de apenas 0,5% real interanual, una de las más bajas del país.
El contraste es contundente. Provincias como Formosa incrementaron su gasto un 33,4%, Neuquén un 27,7% y Tucumán un 27,5%, cifras que empujaron a varias jurisdicciones a déficits o a un deterioro acelerado de sus cuentas públicas. Incluso con ingresos reales levemente negativos, Misiones logró sostener márgenes fiscales positivos y ubicarse por encima del promedio nacional.
Esto no implica desconocer las tensiones internas que también atraviesa la provincia, ni presentar un modelo exento de desafíos. Sin embargo, los números muestran que el orden fiscal subnacional no es únicamente una imposición externa ni una consecuencia automática del ajuste, sino una decisión política. En el caso misionero, esa decisión parece orientada a funcionar como escudo frente al impacto de las medidas nacionales sobre el sector productivo, industrial y las familias.
Mientras los aumentos en servicios, combustibles y tarifas golpean de lleno en la vida cotidiana —encareciendo transporte, fletes y alimentos—, el debate nacional parece atrapado en una polarización estéril. Desde posiciones de derecha y de izquierda, muchas veces se discute sin asumir responsabilidad social ni institucional. En contraste, algunos gobiernos provinciales han logrado superar la conflictividad poselectoral y avanzar con estrategias destinadas a evitar un mayor deterioro social.
La discusión de fondo no es teórica ni abstracta. Se expresa en tarifas que se pagan o no se pagan, en salarios que alcanzan o no alcanzan, en empleo formal que se pierde y en derechos básicos que se tensionan. La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿puede la Argentina sostener un modelo donde la oferta y la demanda sean la única brújula de gestión, o necesita recuperar un Estado que intervenga con inteligencia, sin dogmas, para evitar que el ajuste vuelva a recaer siempre sobre los mismos sectores?
La historia, incluso la que ocurrió lejos y en otros contextos, ofrece pistas. Ignorarlas también es una decisión política.
