//
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que en Misiones se registran alrededor de 10.000 pensiones suspendidas. Explicó que la situación responde a las auditorías nacionales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, con fallas en la notificación a los beneficiarios.
En diálogo con “Arriba la radio” por Radio Up, Antúnez remarcó que el proceso de auditorías aún no concluyó, lo que genera confusión: “Aún las auditorías no finalizaron, no tenemos un dato concreto. Sí sabemos que de 2023 a este año hubo 5.700 bajas por cruzamiento de datos y se estiman 10.000 pensiones aproximadamente suspendidas en Misiones”.
Las suspensiones, explicó, se producen por cambios normativos: “El decreto de 1998 vuelve a incompatibilizar pensiones con ingresos de relación de dependencia o del grupo familiar. Muchas bajas fueron por razones socioeconómicas”.
Cómo se suspenden las pensiones
Uno de los problemas más graves radica en las notificaciones. Muchas personas nunca recibieron la carta documento y se enteraron de la suspensión en el cajero automático: “Se dieron suspensiones preventivas porque las personas no recibieron la carta documento y no pudieron presentarse a la auditoría. Eso deriva en una suspensión y, si no se justifica, en la baja definitiva”.
En Misiones, según Antúnez, llegaron 115.000 cartas documento para titulares de pensiones por discapacidad, vejez y madres con hijos, lo que refleja la magnitud del operativo.
Recursos para revertir la suspensión
La funcionaria detalló los pasos que tienen los beneficiarios: “La primera instancia es presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles, con documentación médica y explicación de la situación. Se puede enviar por correo electrónico a [email protected], por correo postal o en oficinas de ANSES”.
Si la vía administrativa fracasa, queda el camino judicial: “Estamos hablando de derechos adquiridos. Hay personas que no pueden trabajar y hoy están en riesgo de perder la pensión”.
Ver esta publicación en Instagram
Reclamos desde la provincia
Antúnez criticó la forma en que se aplicó la auditoría: “Hubo muchísimas desprolijidades. Las cartas no eran accesibles, no tenían intérpretes de señas ni versiones en audiotexto. Muchas familias rurales nunca recibieron la notificación. En algunos municipios incluso se citó a lugares que no estaban habilitados”.
Desde la provincia, sostuvo, se dispuso acompañamiento con recursos humanos de municipios y hospitales públicos: “Los estudios médicos que piden muchas personas no los pueden pagar. Terminamos sosteniendo con recursos provinciales para que las familias tengan algún grado de certidumbre”.
Te dejamos la entrevista completa con Tatiana Antúnez:
https://soundcloud.com/radioup-671297760/tatiana-antunez-2?si=da4fbf2d7b25498d81beff30fe118ca9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
