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Misiones acarrea un escenario financiero complejo, atravesado por una marcada caída en los recursos públicos que pone en tensión el funcionamiento del Estado. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que la merma mensual alcanza aproximadamente los 40.000 millones de pesos, en un contexto de recesión económica nacional que afecta tanto la coparticipación federal como la recaudación propia.
De acuerdo a lo señalado por el funcionario, la disminución de ingresos se ubica entre el 10% y el 20% en los últimos meses. Esta retracción está directamente vinculada a la caída de la actividad económica, el descenso del consumo y la baja en las ventas, factores que repercuten de manera inmediata en la recaudación impositiva.
El impacto de esta situación genera un fuerte estrés financiero, obligando al Gobierno provincial a reorganizar sus prioridades y redefinir el destino de los recursos disponibles. En este contexto, sostener el funcionamiento básico del Estado se convierte en el principal desafío.
Frente a este panorama, la administración provincial implementó un plan de austeridad que profundiza medidas adoptadas previamente. Entre las principales decisiones se destaca la prohibición de compra de vehículos, salvo en áreas consideradas esenciales, así como la suspensión de nuevos ingresos en determinados sectores.
Además, se avanzó en la limitación de pases a planta permanente, con el objetivo de contener el gasto público y garantizar el cumplimiento de las obligaciones básicas, especialmente el pago de salarios estatales.
El panorama en Misiones tras la caída de la coparticipación
En paralelo, la crisis también impacta con fuerza en los municipios. El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, advirtió que la caída en la coparticipación federal se ubica entre el 7,8% y el 8% en el inicio de 2026, lo que complica seriamente las finanzas locales.
Esta retracción obliga a las comunas a priorizar los servicios esenciales, como la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y el apoyo a instituciones educativas, relegando otras áreas de inversión.
A su vez, los municipios enfrentan una fuerte baja en la recaudación propia, con niveles de mora que superan el 30% y 40% en el pago de tasas. Este fenómeno responde a la pérdida del poder adquisitivo de los contribuyentes y a la crisis que atraviesa el sector comercial.
En muchos casos, la situación deriva en el cierre de comercios, lo que profundiza la caída de ingresos y agrava el panorama económico local. Como consecuencia, varias gestiones municipales se vieron obligadas a reprogramar obras públicas y concentrar sus recursos en atender demandas urgentes.
En este escenario, tanto el Gobierno provincial como los municipios coinciden en que la clave pasa por una administración prudente de los recursos disponibles. La combinación de menores ingresos, alta inflación y caída de la actividad configura un contexto desafiante.
Sin soluciones inmediatas a la vista, el objetivo central pasa por sostener el equilibrio fiscal y garantizar la continuidad de los servicios básicos, en medio de una coyuntura económica que exige decisiones cada vez más restrictivas.
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