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La salida de programas, fondos y acompañamientos nacionales obligó a Misiones a recalcular su política social. Así lo expuso el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, al afirmar que la provincia tuvo que incrementar casi un 60% su partida presupuestaria destinada a asistencia para responder a una demanda creciente en barrios, comedores y espacios comunitarios.
Pero su diagnóstico no se quedó allí. En la misma entrevista, realizada en el programa Arriba la radio, por Radio Up, alertó también sobre la situación de emprendedores, comerciantes y sectores productivos que atraviesan una fuerte reconfiguración económica y corren riesgo de quedar en el camino.
Un 60% más de presupuesto social para cubrir la ausencia nacional
Meza explicó que la provincia debió reforzar su músculo presupuestario para absorber parte de la asistencia que antes llegaba desde el Estado nacional o desde otros organismos. Según precisó, el incremento de las partidas provinciales rondó el 60%, aunque aclaró que el esfuerzo no se reduce a una cifra, sino que implicó además una reorganización territorial, logística y operativa.
El funcionario señaló que la salida de la Nación no se expresó en un solo programa, sino en distintos frentes. Mencionó la interrupción de acompañamientos por emergencias climáticas, el freno de iniciativas de transformación habitacional y urbana, y la desaparición de transferencias directas a organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones que antes sostenían tareas de contención en barrios.
“Lo que sí desapareció casi de manera total era una asistencia directa que tenía la Nación a través del ex Ministerio de Desarrollo a organizaciones sociales”, explicó. Esa caída, según indicó, tuvo un efecto directo en el territorio: cuando un comedor, una organización o una estructura barrial deja de recibir alimentos o financiamiento, las familias no desaparecen, sino que migran hacia otros espacios que siguen funcionando. Y allí la provincia tuvo que absorber esa demanda.
Reordenamiento de comedores, padrones y asistencia
Meza describió que una de las primeras respuestas fue reorganizar el mapa de asistencia alimentaria. En los lugares donde existían comedores sostenidos con respaldo nacional y ese apoyo se cortó, la provincia debió absorber los padrones y reforzar comedores cercanos para evitar un vacío de cobertura.
Ese proceso supuso más que un aumento de partidas. Requirió ordenar logística, actualizar relevamientos y fortalecer el monitoreo social. En ese contexto, explicó que el Ministerio utiliza un sistema denominado SIM, concebido como un centro de monitoreo integral en el que se cargan datos sobre composición familiar, ingresos, escolaridad, situación sanitaria y tipo de asistencia recibida.
Según detalló, esa herramienta permite no solo distribuir ayuda, sino también construir un seguimiento más fino de las familias, detectar necesidades alimentarias y articular otras respuestas en salud o educación.
Cocinas centralizadas, comedores y asistencia alimentaria
El ministro detalló que Misiones sostiene hoy un esquema de cocina centralizada y también de cocina descentralizada. En el primer caso, mencionó espacios de elaboración propia en zonas como Santa Rita, Itaembé Miní y el Mercado Central, con una producción de 120 ollas diarias de comida. En paralelo, explicó que existen comedores a los que se entregan víveres para cocinar en el lugar y completar un calendario semanal de atención.
A eso se suma el trabajo conjunto con municipios, muchos de los cuales cuentan también con sus propias cocinas centralizadas o dispositivos alimentarios. Meza sostuvo que toda esta red debió adaptarse rápidamente ante la disminución de apoyos externos.
Incluso indicó que se perdió asistencia de la Entidad Binacional Yacyretá, lo que terminó profundizando la necesidad de reacomodar recursos entre provincia y municipios para sostener la cobertura.
Programas nacionales frenados y obras sociales inconclusas
Uno de los aspectos más sensibles de su descripción fue la referencia a programas nacionales que combinaban asistencia social con urbanización y mejora de infraestructura. Allí puso como ejemplo la SISU, Secretaría de Integración Sociourbana, a través de la cual se financiaban intervenciones en barrios populares.
Según explicó, esas obras incluían acceso a agua potable, electrificación formal, cordón cuneta, empedrado y mejoras básicas de urbanización que impactaban de manera directa en la vida cotidiana. También mencionó iniciativas como Mi Pieza y Mi Baño, que ayudaban a transformar condiciones habitacionales concretas.
Para Meza, no eran solo partidas vinculadas a asistencia, sino a procesos de dignificación y transformación del hábitat. Puso como ejemplo una intervención prevista en la Chacra 145, con montos del orden de 600 a 700 millones de pesos, que debía mejorar servicios básicos y accesibilidad dentro del barrio.
A la vez, señaló que quedaron inconclusos proyectos vinculados a espacios de primera infancia, varios de ellos con niveles de avance importantes. Se trataba de lugares pensados para el cuidado de niños de 45 días a 4 años, con una función social central para muchas familias trabajadoras. Según indicó, muchos intendentes reclaman que, si la Nación no continuará con esas obras, transfiera su ejecución para que provincia y municipios puedan terminarlas.
Emprendedores, comerciantes y actividades en riesgo
En la segunda parte de su análisis, Meza amplió la mirada y vinculó la retracción social con un problema económico más amplio: la situación de quienes intentan sostener un emprendimiento, una actividad comercial o una pequeña unidad productiva en medio de la recesión.
Consultado sobre el riesgo de que muchos emprendedores queden en el camino, respondió que la reconfiguración no alcanza solo a ese sector, sino también a actividades comerciales, industriales y regionales. A su entender, Misiones y el país atraviesan un cambio profundo en su dinámica económica, con consecuencias todavía abiertas.
Lejos de una lectura optimista, planteó que hay una transformación en marcha que obliga a repensar herramientas. Recordó que Misiones siempre reclamó a la Nación una mirada diferencial por su condición de provincia fronteriza, dado que su competencia cotidiana no está solo en el centro argentino, sino también en las ciudades cercanas de Paraguay y Brasil.
En esa línea, señaló que la provincia no cuenta hoy con instrumentos suficientes para amortiguar ese desfasaje competitivo. Y en un contexto de recesión, menor consumo y ausencia de estímulos, los sectores pequeños quedan especialmente expuestos.
La importancia del acompañamiento al emprendedurismo
Meza reivindicó la necesidad de acompañar a quienes buscan salir de una lógica puramente asistencial para construir ingresos propios. Recordó experiencias previas como el Banco de Herramientas, a través de las cuales se evaluaban proyectos, se brindaban insumos iniciales y se fortalecían emprendimientos familiares o productivos.
Para el ministro, ese tipo de política sigue siendo necesaria. Sostuvo que cuando el Estado acompaña a una persona que quiere emprender, puede ayudarla a generar empleo, sostener una actividad económica y salir de un cuadro de vulnerabilidad. En ese punto, lamentó la desaparición de programas nacionales de capacitación y fortalecimiento productivo que podían funcionar como puente entre la asistencia y el trabajo autónomo.
Su preocupación es que, en el actual modelo económico, muchas de esas iniciativas no encuentren mercado, financiamiento ni respaldo suficiente para sostenerse. Y eso, según advirtió, puede dejar a emprendedores y cuentapropistas en una situación todavía más frágil.
La obra pública como motor que hoy falta
Otro de los ejes más contundentes de sus declaraciones fue la relación entre crisis social y ausencia de obra pública. Meza sostuvo que una de las grandes herramientas para activar la economía provincial siempre fue la inversión estatal en infraestructura. No solo por su efecto directo sobre el empleo, sino por el derrame que genera en proveedores, comercios, servicios y circulación de dinero.
Recordó obras concretas, como la canalización del arroyo La Chancha, para mostrar cómo una intervención pública puede tener dos efectos al mismo tiempo: mejorar la calidad de vida de miles de familias y, a la vez, volcar recursos a la economía local. En contraste, advirtió que hoy existe una ausencia casi total de obra pública, lo que golpea de lleno el movimiento económico.
También expresó preocupación por el deterioro de la conectividad vial y la falta de mantenimiento de rutas y caminos en un país que depende en gran medida del transporte terrestre para abastecimiento, circulación de mercaderías y actividad económica.
Inflación más baja, pero recesión más profunda
El ministro reconoció que la reducción de la inflación aparece como una variable que no puede desmerecerse. Sin embargo, insistió en que no alcanza con mirar la macroeconomía si al mismo tiempo se profundiza la recesión y la vida cotidiana de las familias empeora.
En su lectura, la baja inflacionaria no compensa la retracción del consumo, la caída del ingreso y la falta de movimiento en comercios y barrios. Por eso reclamó mirar no solo la “macro”, sino también la “micro”, es decir, la realidad concreta de las familias argentinas.
