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En medio del debate en la Cámara de Diputados sobre la modificación de la Ley de Glaciares, el abogado ambientalista Gonzalo Vergez, coordinador del equipo legal de Abogados Ambientalistas, dialogó con Radio Up y alertó sobre las posibles consecuencias ambientales, jurídicas y sociales de avanzar con el proyecto.
“Nos encontramos en un momento crítico, en un punto de inflexión en relación a la protección de nuestros bienes comunes”, afirmó, y advirtió que, de aprobarse la iniciativa, “se estaría formalizando uno de los mayores hitos regresivos de nuestra corta historia ambiental”.
Según explicó, la modificación implicaría cambios profundos en la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. “Esto sería el inicio de la destrucción de la ley de glaciares y del ambiente periglaciar, que protege nuestras reservas sólidas de agua dulce”, sostuvo.
Vergez remarcó que lo que está en juego excede lo ambiental: “Se está debatiendo el futuro de nuestra agua, de nuestras reservas de agua”, señaló, en referencia al rol clave de los glaciares como reservorios estratégicos.
Desde el punto de vista jurídico, consideró que la discusión abre un escenario más amplio. “Esta ley no es solo la modificación de una ley, sino el inicio de la modificación de otras normas que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental”, explicó.
En ese sentido, advirtió que el proyecto podría trasladar a las provincias decisiones clave sobre los recursos naturales. “Se deja en manos de las provincias definir qué tiene relevancia hídrica y sobre qué pueden aprobarse actividades mineras”, indicó, y agregó: “No nos olvidemos que detrás de esto está la minería”.
El abogado también cuestionó los argumentos que minimizan el valor de ciertas zonas para habilitar actividades extractivas. “El criterio lo determina un organismo científico como el Instituto Nacional de Glaciares, que ya inventarió más de 16.000 cuerpos de hielo”, explicó. Y alertó que, con la modificación, esas evaluaciones podrían quedar sujetas a “seudo estudios de impacto ambiental, promovidos en general por las mineras”.
Además del impacto hídrico, Vergez destacó otras funciones clave de los glaciares. “Son reguladores climáticos y un ámbito de enorme biodiversidad, además de abastecer a más de 7 millones de personas”, subrayó.
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En contraste, cuestionó el rumbo del debate legislativo. “El año pasado fue declarado como el año de protección de los glaciares y nosotros, a contramano, pensamos en quitarles protección”, expresó, y consideró que existe “una mirada absolutamente sesgada y tendenciosa en relación a esta necesidad de destruir para minar”.
Ante un eventual avance del proyecto, el abogado anticipó un escenario de conflicto judicial. “No hay un mecanismo posterior, nos queda el control del Poder Judicial”, afirmó, y agregó: “Esto es absolutamente inconstitucional y va a ser judicializado”.
En esa línea, sostuvo que la iniciativa podría generar el efecto contrario al buscado por el Estado. “No va a generar seguridad jurídica, sino una enorme cantidad de procesos judiciales en distintos territorios”, advirtió.
También cuestionó el proceso de participación ciudadana. “Se anotaron más de 102.000 personas en la audiencia pública, pero participaron solo entre 300 y 400”, señaló, y calificó el mecanismo como “una pseudo audiencia o falsa audiencia”.
Finalmente, remarcó que incluso en ese contexto limitado, el rechazo fue contundente. “El rechazo a la modificación fue prácticamente absoluto y dejó en evidencia la ausencia de licencia social”, concluyó.
Brasil y Argentina inician un monitoreo binacional de yaguaretés con más de 250 cámarashttps://t.co/DPV7iOBte4 pic.twitter.com/sRXLLpeANY
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