El proyecto conocido como “Ley Cazzu” comenzará a ser tratado en Argentina, luego de su reciente presentación en México. La iniciativa busca introducir una modificación en el régimen de responsabilidad parental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de incumplimiento por parte de uno de sus progenitores.
Argentina debatirá la Ley Cazzu tras su impulso en México
La propuesta fue elaborada por tres abogadas feministas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cuenta con el impulso del senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares, quien acompañó la redacción del texto legislativo.

El eje central del proyecto es la creación de una figura de “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”. Esta herramienta permitiría a los jueces interrumpir de manera temporal los derechos legales de un progenitor cuando se verifiquen situaciones como el incumplimiento de la cuota alimentaria o la ausencia en la vida del menor durante un período prolongado, establecido en más de tres meses.
Según explicó Linares, la iniciativa apunta a evitar que la patria potestad sea utilizada como un mecanismo de control en contextos donde no existe un cumplimiento efectivo de las obligaciones parentales. En ese sentido, remarcó que el objetivo es priorizar el interés superior del niño por sobre conductas negligentes o abusivas.

El proyecto toma como referencia el caso de la artista Cazzu (Julieta Cazzuchelli), quien expuso públicamente conflictos vinculados a la crianza compartida con el cantante mexicano Christian Nodal, padre de su hija. La situación cobró relevancia mediática tras sus declaraciones sobre dificultades para gestionar permisos de viaje de la menor.
En México, la iniciativa fue presentada semanas atrás por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí, además de la suspensión de derechos, se incorporan mecanismos para agilizar autorizaciones de movilidad cuando uno de los progenitores incumple sus responsabilidades.
De avanzar en el Congreso argentino, el proyecto podría introducir cambios significativos en el tratamiento legal de los conflictos parentales, con foco en garantizar el bienestar y la vida cotidiana de los menores.



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