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El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone que la aplicación de la Ley Bases consolidó una concentración inédita de poder en el Poder Ejecutivo. En apenas un año, el Gobierno de Javier Milei dictó 157 decretos con carácter legislativo: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se sustentan directamente en las facultades delegadas por la Ley Bases.
Este mecanismo vació de funciones al Congreso Nacional y dio paso a un desguace institucional sostenido por resoluciones y decretos que evitaron el debate legislativo.
Eliminación masiva de organismos y fondos clave
En el marco de ese proceso, el Gobierno eliminó más de 20 organismos y programas, entre ellos el INADI, el ENOHSA, el COPREC, y el Ente Nacional de Control de la Vía Navegable. Además, se disolvieron 20 fondos fiduciarios estratégicos, como el Pro.Cre.Ar, el Fondo de Emergencias, el Fondo de Integración Socio Urbana, y el Fondo para la Vivienda Social.
También se avanza con la disolución del INTA, INTI, la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial, entre otros, dejando al país sin infraestructura institucional para ejecutar políticas públicas esenciales.
Privatizaciones sin resultados tangibles
La Ley Bases autorizó la privatización de ocho empresas públicas. Sin embargo, el Gobierno avanzó también sobre compañías que fueron explícitamente excluidas por el Congreso. Entre las más destacadas se encuentran:
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ENARSA: en proceso de venta, incluyendo su participación en Transener.
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Intercargo: ya se autorizaron competidores privados y comenzó el proceso de venta total.
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AySA: se proyecta vender el 90% de las acciones.
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Belgrano Cargas y SOFSE: procesos de remate y concesión de infraestructura ferroviaria en marcha.
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YCRT: transformada en sociedad anónima con destino a capital privado.
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Nucleoeléctrica Argentina: se planea abrir hasta el 49% del paquete accionario.
A pesar de estos avances, no se concretaron ventas significativas. La licitación de la Vía Navegable Troncal fracasó tras denuncias de direccionamiento, y el intento de transformar al Banco Nación en sociedad anónima fue suspendido por la justicia.
RIGI: beneficios extraordinarios sin nuevas inversiones
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) prometía una ola de capitales. Pero de los 14 proyectos presentados, solo 5 fueron aprobados, y 4 ya existían antes de la sanción del régimen. El CEPA concluye que no se generó inversión nueva ni empleo significativo, mientras que se entregaron condiciones fiscales, aduaneras y cambiarias sumamente favorables a grandes grupos económicos.
Reforma tributaria regresiva con la Ley Bases
El sistema tributario argentino perdió progresividad en este primer año:
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Se redujeron las alícuotas de Bienes Personales, favoreciendo a los patrimonios altos.
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Se restableció el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, afectando el poder adquisitivo de trabajadores formales.
Según CEPA, esta combinación genera un esquema tributario más regresivo y menos equitativo.
Reforma laboral sin mejora en el empleo registrado
Entre las modificaciones aprobadas se destacan:
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Extensión del período de prueba.
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Nueva figura del “colaborador”, sin relación laboral directa.
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Blanqueo laboral sin resultados concretos sobre la informalidad.
Además, se redujeron sanciones a empleadores por no registración, lo que en los hechos implica menor protección para trabajadores y trabajadoras.
Despidos en el sector público y achique estructural
El informe de la Ley Bases da cuenta de un ajuste profundo en el empleo público. Fueron cerradas empresas como Trenes Argentinos Capital Humano, se desmanteló Casa de Moneda, y hubo miles de despidos en empresas como ENARSA, Intercargo, Corredores Viales y YCRT.
La política oficial se orienta a reducir drásticamente la estructura del Estado, incluso en sectores estratégicos como la energía, la logística y la infraestructura ferroviaria.
“El primer año de vigencia de la Ley Bases exhibe una deriva institucional regresiva, marcada por la delegación legislativa, el debilitamiento del Estado, la entrega de activos estratégicos y el incumplimiento de las promesas de inversión y empleo”, concluye el CEPA.
En síntesis, la ley Bases promovió una agenda de desregulación unilateral, con foco en la venta de activos públicos y sin capacidad de sostener derechos, servicios ni empleo de calidad.
Resumen Ejecutivo del informe de CEPA – Principales Impactos
1. Concentración de poder y desguace del Estado
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Se dictaron 157 decretos de carácter legislativo (75 DNU y 82 decretos delegados); 61 de ellos directamente amparados en la Ley Bases.
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Se disolvieron múltiples organismos como el INADI, ENOHSA, AFIP (parcialmente), COPREC, entre otros.
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Se eliminaron 20 fondos fiduciarios (como Pro.Cre.Ar, Fondo Nacional de Emergencias y Fondo Fiduciario PROGRESAR).
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Se avanzó en la disolución o fusión de institutos culturales y científicos, como el INTA, INTI y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
2. Obra pública y concesiones
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La nueva ley 17.520 reformó el régimen de concesiones eliminando beneficios a usuarios, ampliando plazos y desvinculando la tarifa del abaratamiento.
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Fracasó la licitación de la Vía Navegable Troncal, y no se implementó aún la “Red Federal de Concesiones”.
3. Privatizaciones
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La Ley Bases habilitó la privatización de 8 empresas. Sin embargo, se avanza también sobre empresas no autorizadas por el Congreso.
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Se intenta privatizar o transformar en SA a empresas estratégicas como Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Casa de Moneda, incluso con fallos judiciales en contra (caso Banco Nación).
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El gobierno justifica las privatizaciones como método de acumulación de reservas.
4. RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones)
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Solo 5 proyectos fueron aprobados, y 4 ya estaban en carpeta antes de la ley.
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Los proyectos no generaron un volumen significativo de nuevas inversiones ni empleo.
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Se alerta sobre la cesión de soberanía económica en favor de intereses externos.
5. Reforma tributaria regresiva
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Reducción de alícuotas de Bienes Personales.
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Restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, afectando a trabajadores formales.
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Caída de la progresividad del sistema tributario.
6. Reforma laboral
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Se extendió el período de prueba y se habilitó la figura del “colaborador”.
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Se redujeron sanciones por no registración y se lanzó un blanqueo laboral sin impactos significativos en el empleo registrado.
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El empleo público cayó sustancialmente, con miles de despidos en empresas como ENARSA, Intercargo, AySA, YCRT y Corredores Viales.
