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La cantidad de demandas laborales en Argentina continúa creciendo durante 2026 y ya acumula 39.687 nuevos casos en el primer cuatrimestre del año, según los últimos datos del sistema de Riesgos del Trabajo correspondientes a abril. El incremento se produce pese a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para reducir la litigiosidad entre trabajadores y empleadores y genera preocupación en distintos sectores empresariales y judiciales.
De acuerdo con el relevamiento oficial, el volumen de juicios iniciados entre enero y abril se ubica 2,3% por encima del registrado en el mismo período de 2025. Además, las proyecciones estiman que, de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 138.600 demandas laborales en todo el país.
Solo durante abril se contabilizaron 12.727 nuevos juicios, mientras que la medición interanual refleja que el sistema recibió cerca de 135 mil demandas en los últimos doce meses.
En el análisis por provincias, Santa Fe aparece como una de las jurisdicciones más comprometidas por el crecimiento de la litigiosidad. El distrito gobernado por Maximiliano Pullaro registró una suba interanual del 24,9% entre las cinco provincias más grandes del país, consolidando una tendencia que viene diferenciándose del promedio nacional.
Durante abril, Santa Fe sumó 2.241 juicios laborales, mientras que en el acumulado del primer cuatrimestre alcanzó 6.535 expedientes, cifra que representa un incremento del 19,5% frente al mismo período del año pasado.
Por su parte, Entre Ríos encabezó el mayor aumento acumulado de los últimos doce meses entre las nueve provincias con mayor volumen de litigios, con una variación del 33%. En tanto, Chubut comenzó a mostrar una desaceleración respecto a los niveles registrados en 2025, aunque todavía mantiene un crecimiento elevado del 24%.
En contraste, la provincia de Buenos Aires evidenció una baja mensual del 4,9% en abril. Sin embargo, los números acumulados continúan prácticamente en línea con los registrados durante 2025.
El incremento sostenido de las demandas laborales vuelve a poner en debate el impacto de las reformas implementadas en el sistema y la necesidad de encontrar mecanismos que reduzcan la conflictividad judicial sin afectar los derechos de los trabajadores.
