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La sentencia de la justicia establece que ambos organismos deberán mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud, luego de detectarse importantes retrasos que afectaron tanto a usuarios como a instituciones y profesionales del sector.
La acción judicial fue promovida por la abogada Marta Lastra, referente de la organización Defendamos Córdoba en temas vinculados a discapacidad. Debido a su carácter colectivo, la resolución extiende sus efectos a miles de beneficiarios que se encontraban atravesando situaciones similares.
Además, la medida busca proteger el funcionamiento de hogares, centros de día, transportistas, terapeutas y otros prestadores que dependen de la regularidad de los pagos para sostener sus servicios.
La Justicia cuestionó las demoras y el incumplimiento de obligaciones estatales
En los fundamentos de la sentencia, el juez Miguel Vaca Narvaja consideró que las razones presupuestarias o administrativas no justifican el incumplimiento de obligaciones esenciales vinculadas a la atención de personas con discapacidad.
El magistrado remarcó que las demoras registradas afectan derechos fundamentales de un sector especialmente vulnerable y advirtió sobre las posibles consecuencias legales derivadas de la persistencia de estas irregularidades.
Prestaciones por discapacidad: un derecho que debe garantizarse
La resolución destaca que la asistencia integral a las personas con discapacidad forma parte de las políticas públicas del Estado argentino y que el acceso efectivo a las prestaciones de salud resulta indispensable para garantizar la inclusión, la autonomía y la calidad de vida de los beneficiarios.
En ese sentido, el fallo concluye que las demoras injustificadas en los pagos constituyen una conducta arbitraria e incompatible con las obligaciones legales asumidas por el Estado.
Detectaron retrasos de hasta cinco meses en los pagos
La causa judicial se originó a partir de los problemas registrados en la cadena de pagos desde fines de 2025. Durante el proceso, el juzgado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios que ya habían sido prestados por instituciones y profesionales especializados.
El conflicto está vinculado a las irregularidades en el financiamiento de las prestaciones y a cuestionamientos por el incumplimiento de medidas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con esta resolución, la Justicia federal ordenó restablecer la normalidad en los pagos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que reciben miles de personas con discapacidad en todo el país.
La ONU reconoció a Misiones por el primer seguro del mundo para proteger al yaguaretéhttps://t.co/UiUqeMHhBy pic.twitter.com/IMpZy9uJ5X
— Radio Up (@radioupar) June 23, 2026
