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El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, con Competencia Electoral, resolvió dejar sin efecto de manera provisoria la suspensión preventiva de afiliación que pesaba sobre tres dirigentes vinculados al Partido Justicialista en Misiones. La decisión judicial se adoptó en el marco de una medida cautelar solicitada mientras se tramita un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral.
La resolución alcanza a Alberto Arrúa, Myrian Analía Comparin y Fernando Martín Kornuta, quienes habían sido alcanzados por una sanción partidaria que implicaba la suspensión preventiva de su afiliación dentro del espacio político.
De esta manera, mientras se sustancia el proceso judicial y se define la cuestión de fondo, los tres dirigentes recuperan de manera provisoria el ejercicio de sus derechos de afiliación dentro del partido.
El fallo de Misiones también habilitó la apelación ante la Cámara Nacional Electoral
La resolución judicial se dictó luego de que se presentara un recurso de reconsideración contra una providencia anterior vinculada al trámite de apelación de la causa.
Tras analizar el expediente, el tribunal entendió que correspondía hacer lugar al planteo y revocar parcialmente la providencia previa, habilitando formalmente el recurso de apelación para que sea tratado por la Cámara Nacional Electoral.
Esto implica que el expediente continuará su trámite ante el tribunal electoral nacional, que deberá analizar el fondo del conflicto y resolver si corresponde mantener o no la sanción partidaria que derivó en la suspensión preventiva de afiliación.
Mientras tanto, el juzgado dispuso garantizar de manera transitoria el ejercicio de los derechos políticos de los afiliados involucrados.
El proceso electoral interno fue clave para la decisión
Uno de los aspectos centrales considerados por el tribunal fue el contexto político en el que se desarrolla el conflicto judicial.
El fallo señala que la agrupación política se encuentra actualmente atravesando un proceso de elecciones internas, con un cronograma electoral ya en marcha.
En ese escenario, mantener la suspensión preventiva de afiliación podría generar una restricción directa al derecho de participación política de los dirigentes involucrados, especialmente en instancias claves de la vida interna partidaria.
La Justicia evaluó que impedir su participación mientras se desarrolla el proceso electoral podría ocasionar consecuencias difíciles de reparar posteriormente.
Por ese motivo, el tribunal consideró necesario suspender provisoriamente los efectos de la sanción hasta que exista una decisión definitiva por parte de la instancia superior.
El tribunal analizó el riesgo de perjuicios irreparables
La resolución judicial también evaluó los criterios habituales para el dictado de medidas cautelares, particularmente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
En ese sentido, el juzgado entendió que la suspensión preventiva de afiliación implica una restricción inmediata al ejercicio de derechos políticos dentro de una agrupación partidaria.
Además, advirtió que el desarrollo de un proceso electoral interno se estructura en etapas sucesivas que, una vez cumplidas, no pueden ser retrotraídas.
Por lo tanto, si la sanción se mantenía vigente durante ese período, los dirigentes afectados podrían perder oportunidades de participación política que luego no podrían restablecerse plenamente.
La causa continuará su trámite en la Cámara Nacional Electoral
Con la concesión del recurso de apelación, el expediente deberá ser analizado por la Cámara Nacional Electoral, que será la encargada de resolver el fondo de la controversia.
Hasta que se dicte esa resolución, la suspensión preventiva de afiliación queda sin efecto de manera provisoria para los tres dirigentes involucrados.
El tribunal también dispuso como condición la contracautela juratoria, mediante la cual los accionantes se comprometen a responder por eventuales daños que pudiera ocasionar la medida cautelar en caso de que la resolución final no les resulte favorable.
De esta manera, la Justicia electoral resolvió preservar temporalmente el ejercicio de los derechos de afiliación mientras se desarrolla el proceso judicial y continúa el cronograma electoral interno del Partido Justicialista en Misiones.
