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La Corte de Apelaciones de Nueva York otorgó este martes una suspensión administrativa temporal a la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, frenando la ejecución del fallo que la obligaba a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes encabezados por Burford Capital.
La resolución judicial, conocida como “temporary administrative stay”, suspende por ahora la Turnover Order emitida el pasado 30 de junio, que habilitaba a los demandantes a embargar los activos del Estado argentino en la empresa.
Una semana clave para definir la suspensión definitiva
La medida no resuelve aún el fondo de la cuestión, pero le otorga a la Argentina una ventana de tiempo para argumentar su posición y evitar que la orden de entrega se haga efectiva antes de que se resuelva la apelación principal. Según el cronograma judicial establecido:
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Burford Capital tiene plazo hasta el jueves 17 de julio para oponerse a una suspensión más prolongada.
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Argentina podrá responder a esa presentación hasta el martes 22 de julio.
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Luego, un panel de tres jueces de Cámara analizará los escritos de ambas partes y resolverá si concede una suspensión extendida que se mantenga durante todo el proceso de apelación.
De ser así, Argentina conservará el control accionario de YPF al menos hasta que se resuelva la apelación contra el fallo de fondo, que condena al país a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.
Sin plazos definidos, pero con señales de demora
Según explicó en redes sociales Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro y uno de los principales abogados de la causa durante el gobierno anterior, la Cámara aún no fijó fecha de audiencia, por lo que una resolución definitiva sobre la apelación podría demorarse hasta 2026.
“Si la Cámara accede al pedido argentino, la orden de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación del fallo de fondo”, detalló Soler. “Si la Cámara lo rechaza, volvería a estar vigente la orden de entrega dictada por la jueza Preska”, añadió.
Además, el exfuncionario confirmó que aún no se designaron los tres jueces que integrarán el tribunal que definirá la suerte de esta nueva solicitud.
El fallo original y el impacto económico
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, fue quien ordenó en septiembre de 2023 que Argentina debía pagar US$16.100 millones por no haber hecho una oferta pública a los accionistas privados cuando en 2012 se expropió el 51% de YPF, hasta entonces en manos de la española Repsol.
El proceso fue impulsado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de Petersen Energía (Grupo Eskenazi) y Eton Park, antiguos accionistas de la petrolera.
Desde entonces, el Estado argentino —bajo distintos gobiernos— ha intentado revertir o reducir el impacto de la condena, que representa una de las demandas internacionales más costosas en la historia del país.
