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La Justicia comercial decretó la quiebra de Garbarino, poniendo fin a uno de los procesos de deterioro empresarial más emblemáticos del retail argentino en los últimos años. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, luego de que fracasara el intento de rescate de la compañía dentro del proceso concursal iniciado en 2021.
La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo. Según el fallo, la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo, y tampoco prosperó la instancia de cramdown, el mecanismo que permite que terceros presenten propuestas para quedarse con la firma.
En ese contexto, el magistrado aplicó lo previsto por los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial, que implica la liquidación judicial de la compañía.
Fracaso del intento de rescate
Durante el proceso de salvataje se había registrado un solo interesado en quedarse con la empresa, la sociedad financiera Vlinder, que finalmente nunca presentó una propuesta formal de reestructuración.
Al mismo tiempo, la propia empresa tampoco consiguió las adhesiones suficientes de sus acreedores para aprobar un acuerdo que le permitiera continuar operando.
Ante ese escenario, el tribunal determinó que no existían alternativas viables para evitar la quiebra, por lo que avanzó con el cierre del proceso concursal.
Intervención judicial y control del patrimonio
Con la quiebra decretada, Garbarino queda desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a quedar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal.
A partir de ahora comenzará el proceso de identificación e inventario de activos, con el objetivo de proceder a su eventual liquidación para intentar saldar las deudas con acreedores.
El juez también dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a registros de propiedad inmueble, automotor y de marcas para detectar activos vinculados a la empresa.
La medida también se extendió a la provincia de Tierra del Fuego, debido a la participación accionaria de la firma en Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., compañías vinculadas históricamente a la producción electrónica en esa provincia.
Además, el tribunal resolvió inhabilitar a los directivos de la empresa para ejercer el comercio, entre ellos el presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales.
La resolución también estableció una prohibición de salida del país para los tres ejecutivos hasta al menos octubre de 2026, cuando se prevé la presentación del informe general de la sindicatura.
Clausura de los últimos locales
Otro de los puntos centrales de la resolución judicial fue la intervención directa sobre los últimos locales que seguían vinculados a la empresa.
El tribunal ordenó constatar y eventualmente clausurar tres puntos de venta: la sucursal ubicada en Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano, el local de la calle Uruguay en el centro de Buenos Aires y un outlet en Almagro.
La sindicatura quedó autorizada incluso a allanar domicilios y solicitar fuerza pública para realizar inventarios y asegurar los bienes que puedan encontrarse en esos establecimientos.
En paralelo, el juzgado abrió el proceso de verificación de créditos, mediante el cual bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos.
El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026, mientras que los informes principales de la sindicatura se presentarán entre agosto y octubre de este año.
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De gigante del retail a una empresa residual
La quiebra marca el final judicial de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más importantes del comercio minorista argentino.
Fundada en 1951, Garbarino llegó a controlar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes.
En su etapa de mayor expansión, la compañía superó los 5.000 empleados.
Sin embargo, problemas financieros, la caída del consumo, cambios en el comercio minorista y dificultades para acceder a financiamiento comenzaron a deteriorar su estructura.
La venta de la empresa en 2020 al empresario Carlos Rosales, que prometía un plan de rescate, no logró revertir la crisis. Con el paso del tiempo, la firma redujo su operación a una escala mínima, con menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas muy bajas.
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