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Israel anunció que retirará las licencias de actividad a 37 organizaciones no gubernamentales que operan en la Franja de Gaza, una medida que generó una fuerte reacción internacional y profundizó la preocupación por la crisis humanitaria en el territorio palestino.
Este martes, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su “grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza”, que calificaron de “catastrófica”. El texto fue difundido por el Gobierno francés y citado por el medio alemán DW.
Según advirtieron, la llegada del invierno agrava aún más el escenario: fuertes lluvias, bajas temperaturas y la falta de refugio afectan a la población civil, mientras que al menos 1,3 millones de personas necesitan asistencia urgente en materia de vivienda. Además, denunciaron que el colapso de las infraestructuras de saneamiento expone a unas 740.000 personas a inundaciones con aguas contaminadas, y que la mayoría de la población enfrenta niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda.
Entre los reclamos dirigidos al Gobierno israelí, los países firmantes pidieron que las ONG internacionales puedan operar en Gaza de manera “sostenida y previsible”, ya que los nuevos requisitos impuestos por Israel podrían provocar el cierre forzoso de sus actividades en un plazo de 60 días, tanto en Gaza como en Cisjordania. Alertaron que esta situación tendría un impacto directo en los servicios esenciales, incluyendo el sistema de salud: uno de cada tres centros sanitarios en Gaza podría cerrar si se suspenden estas operaciones.
También instaron a Israel a permitir que la Organización de las Naciones Unidas y sus socios continúen trabajando en la zona, incluida la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que brinda servicios esenciales de salud y educación a millones de personas.
En paralelo, el Parlamento israelí aprobó el lunes una ley que levanta la inmunidad y acelera la suspensión de las operaciones de la UNRWA, a la que considera “ilegal” por presuntos vínculos con los ataques del 7 de octubre de 2023, atribuidos a Hamás. En ese marco, el Gobierno israelí confirmó que también retirará las licencias de varias ONG, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al alegar que empleados de esas organizaciones habrían estado involucrados en “actividades terroristas”.
Finalmente, los diez países reclamaron levantar las “restricciones irrazonables” a la importación de insumos esenciales, como equipos médicos y materiales para refugios, y pidieron abrir los pasos fronterizos para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Si bien valoraron la apertura parcial del paso de Allenby, remarcaron que otros corredores clave, como Rafah, continúan cerrados o con severas limitaciones.
“El objetivo de 4.200 camiones por semana debe ser un piso, no un techo”, subrayaron, y concluyeron que la eliminación de las restricciones actuales es indispensable para garantizar la entrega de ayuda conforme al derecho internacional humanitario y avanzar hacia una salida al conflicto en Gaza.
