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El Parlamento de Israel aprobó este lunes una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinatos terroristas, en una decisión que profundizó el debate político y despertó cuestionamientos de organismos de derechos humanos.
La iniciativa fue sancionada en el pleno de la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, tras casi 12 horas de discusión legislativa. El primer ministro Benjamin Netanyahu participó de la sesión y votó a favor del proyecto.
La ley, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, establece que los tribunales militares deberán imponer la pena capital —salvo excepciones no claramente definidas— a palestinos residentes en Cisjordania condenados por terrorismo.
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, expresó Ben Gvir tras la aprobación.
Sin embargo, la normativa introduce diferencias en su aplicación según el tipo de tribunal. Mientras que los tribunales militares —que juzgan a palestinos— deberán aplicar la pena de muerte como regla general, los tribunales civiles, que procesan a ciudadanos israelíes, mantienen la posibilidad de imponer cadena perpetua bajo condiciones más flexibles.
Desde la oposición, las críticas fueron inmediatas. El diputado Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, calificó la medida como “populista, inmoral y no igualitaria”, y advirtió que es “claramente inconstitucional”.
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Organizaciones de derechos humanos señalaron que la ley consagra en la práctica un sistema diferenciado que afectará casi exclusivamente a la población palestina, ya que solo ellos son juzgados por tribunales militares en Cisjordania.
Si bien una cláusula contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte a cualquier persona, incluidos ciudadanos israelíes, esta se limita a casos en los que el delito tenga como objetivo “negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que, según críticos, reduce significativamente su alcance para otros acusados.
La norma no tendrá carácter retroactivo y no alcanzará a los responsables de los ataques del 7 de octubre, cuyos casos se analizan en proyectos legislativos separados.
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