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En una resolución histórica, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) intimó hoy a los condenados en la causa Vialidad, entre los que se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, al pago de una suma que supera los 684.000 millones de pesos. Este monto, que asciende a $684.990.350.139,86, corresponde al daño ocasionado al erario público por un caso de corrupción vinculado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.
Según la resolución del tribunal, los condenados tienen un plazo de 10 días hábiles para efectuar el pago o presentar bienes en la proporción que les corresponda, bajo apercibimiento de ejecución de embargos si no se cumple con lo dispuesto. Esta medida fue tomada conforme a lo establecido en el punto XI de la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022 y refleja el daño causado al patrimonio del Estado como consecuencia de una “fenomenal maniobra defraudatoria” que se produjo entre 2003 y 2015.
Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Tomás Cisneros, precisaron que el monto a ser depositado debe ser transferido a cuenta y orden del tribunal, con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 11 de julio había actualizado el valor del decomiso de acuerdo con un informe de los peritos de la Corte.
La cifra establecida para los condenados
La cifra mencionada fue establecida por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, que a solicitud del TOF 2 había determinado el daño económico en la causa Vialidad. Este monto tiene su origen en una maniobra defraudatoria que favoreció a la empresa del empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Durante el gobierno kirchnerista, el empresario logró que se le adjudicara el 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, lo que resultó en un escándalo de corrupción que marcó uno de los casos más emblemáticos de mal manejo de los fondos públicos.
En total, Lázaro Báez, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el ex secretario de Obras Públicas José López, también condenado a prisión, forman parte de los implicados que deben afrontar el pago de esta gigantesca suma. Cristina Kirchner, que fue sentenciada por su rol en la administración de estos fondos, está obligada a cumplir con esta resolución.
El TOF 2 estableció que el monto del decomiso se basaba en un cálculo preciso de los daños causados al erario público, determinado por los peritos de la Corte Suprema. Esta medida fue dictada como contrapartida al hecho de que los condenados se beneficiaron de una maniobra de corrupción que les permitió obtener grandes sumas de dinero en perjuicio del Estado. Según los magistrados, las sanciones dispuestas reflejan no solo el daño económico, sino también el grave perjuicio institucional que supuso este tipo de fraudes.
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En ese sentido, los jueces aclararon que en caso de no cumplirse con el pago o la entrega de bienes, se procederá a la ejecución de embargos sobre los bienes personales de los condenados, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Este fallo se enmarca en el cierre definitivo de la causa Vialidad, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2023. La Corte consideró que la maniobra defraudatoria implicó una clara apropiación indebida de recursos públicos en beneficio de los condenados, lo que constituye una de las operaciones de corrupción más grandes ocurridas en la historia reciente del país.
La causa Vialidad se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Argentina. La investigación, que comenzó en 2016, expuso una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, vinculadas directamente con el círculo más cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.
Este fallo, que ordena el pago de más de 684 mil millones de pesos, resalta la gravedad de los hechos que involucraron a altos funcionarios del gobierno kirchnerista, en lo que la Corte calificó como un acto de corrupción de magnitud sin precedentes.
El proceso judicial sigue generando repercusiones tanto en el ámbito político como en la sociedad argentina, dada la magnitud de las implicaciones del caso. La sentencia ratifica el compromiso de la justicia con el castigo de la corrupción, aunque también ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en cuanto al impacto que tendrá en la figura política de Cristina Kirchner y sus allegados.
