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El coordinador provincial del programa Incluir Salud, Héctor Antúnez Proeza, alertó sobre el creciente desfinanciamiento nacional que afecta a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones. Según explicó, la Provincia pasó de cubrir cerca del 25% de los costos a sostener actualmente más del 70% de las prestaciones, ante la reducción de los aportes nacionales.
En diálogo con Radio UP el funcionario detalló que el programa alcanza a 48.537 beneficiarios en la provincia, incluyendo personas con discapacidades congénitas, adquiridas o con incapacidades laborales derivadas de trabajos físicamente exigentes.
«Se dio vuelta la torta«, resumió Antúnez Proeza al describir el cambio en el financiamiento del sistema. Explicó que, mientras años atrás Nación cubría la mayor parte de los costos, actualmente la Provincia debe afrontar gran parte de las prestaciones, medicamentos y tratamientos.
Uno de los primeros impactos del ajuste se observó en los tratamientos de diálisis. El coordinador señaló que entre 120 y 130 pacientes que anteriormente eran financiados con recursos nacionales hoy dependen casi exclusivamente del presupuesto provincial. A esto se suman los costos de traslado de pacientes desde distintos municipios hacia centros de atención ubicados en Posadas, Eldorado, Oberá, Alem e Iguazú.
Además, destacó que unas 12.000 personas reciben medicamentos para enfermedades crónicas, mientras que otras 347 requieren tratamientos de alto costo, con medicamentos que pueden oscilar entre los 3 y los 30 millones de pesos por paciente.
Entre estos casos se encuentran pacientes oncológicos, hemofílicos, personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades poco frecuentes que requieren terapias específicas y permanentes.
Antúnez Proeza recordó que durante un período se logró un funcionamiento más ordenado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero aseguró que la situación volvió a complicarse tras su reestructuración. Indicó que actualmente existen dificultades para recuperar fondos y gestionar la provisión de medicamentos mediante los nuevos mecanismos implementados por Nación.
El funcionario también advirtió sobre la situación de los centros de rehabilitación y discapacidad conveniados. Según explicó, muchos de ellos aún esperan pagos correspondientes a expedientes del año pasado y no han percibido recursos por prestaciones brindadas durante 2026.
«Hay una ley de emergencia en discapacidad y hay impuestos nacionales que se recaudan para ese sector. Hay alguien que está incumpliendo«, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que las dificultades financieras no sólo afectan a los pacientes, sino también a transportistas, terapeutas, instituciones educativas especiales y centros de rehabilitación que dependen de esos recursos para funcionar.
A pesar del escenario, destacó la capacidad de respuesta del sistema sanitario misionero y el trabajo articulado entre hospitales, municipios y redes comunitarias para garantizar que los pacientes continúen recibiendo atención.
Finalmente, remarcó que el desafío actual es sostener los avances alcanzados en los últimos años y evitar que las personas más vulnerables pierdan el acceso a tratamientos, medicamentos y equipamiento esencial para su calidad de vida.
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