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El abastecimiento de gas para el próximo invierno entró en una zona de incertidumbre como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, un escenario que ya provoca un fuerte aumento en los precios del Gas Natural Licuado (GNL) y anticipa un impacto directo en las tarifas que deberán afrontar los usuarios.
En ese contexto, el Gobierno nacional avanza con una licitación para garantizar la llegada de cargamentos de GNL, fundamentales para sostener la generación de energía eléctrica durante los meses más fríos. Sin embargo, el escenario internacional modificó las condiciones iniciales y encareció significativamente la operación.
La estrategia oficial había sido diseñada antes del conflicto, bajo parámetros más previsibles. El nuevo esquema establece que la importación, que anteriormente realizaba la empresa estatal ENARSA con fondos públicos, ahora quede en manos de una firma privada, que deberá asumir el costo de compra y luego comercializar el fluido en el mercado interno.
A pesar del desarrollo de Vaca Muerta, la falta de infraestructura suficiente para el transporte de gas obliga al país a seguir dependiendo de importaciones para cubrir la demanda estacional. Según estimaciones del sector, este invierno serán necesarios más de 20 barcos de GNL para compensar el faltante.
El cronograma oficial prevé que ENARSA reciba las ofertas el 6 de abril y adjudique la operación el día 21. La empresa que resulte ganadora deberá garantizar el suministro y podrá trasladar el costo a los usuarios, lo que anticipa subas en las facturas.
De acuerdo con los precios actuales del mercado, el sobrecosto rondaría los 500 millones de dólares, una cifra que, desde el punto de vista macroeconómico, podría compensarse con mayores ingresos derivados del aumento del petróleo. No obstante, ese equilibrio en las cuentas públicas no evitará el impacto en los consumidores, que enfrentarán incrementos tanto en gas como en otros servicios energéticos.
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En esa línea, la Secretaría de Energía de Argentina ya modificó los períodos tarifarios mediante una resolución, estableciendo que la temporada invernal se extenderá del 1 de mayo al 30 de septiembre, lo que permitirá trasladar el mayor costo del gas directamente a las facturas de este invierno.
El escenario plantea un desafío para el sistema energético local, atravesado por factores externos que condicionan los precios y obligan a tomar decisiones con impacto directo en la economía cotidiana.
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