Alfonso Peña fue citado el miércoles pasado a casa de Gobierno, por las numerosas desprolijidades que está realizando y Santiago Caputo habría solicitado su inminente salida.
El escándalo se desató cuando Peña contrató a sus abogados personales para que trabajen en su defensa por las denuncias que tiene cuando era funcionario porteño. Así fue que recontrataron a Dolores Dolberg, quién se había acogido al retiro voluntario millonario en 2018, en la entidad binacional.
Según La Política Online, Dolberg es muy cercana a Alejandro Tonelli, titular del estudio de abogados que utiliza la familia Macri en la Causa Correo. Fue el hombre fuerte de Yacyretá durante el macrismo y dejó la empresa en medio de una escandalosa indemnización.
Tonelli quiso volver con Milei, pero no lo logró. A cambio sí logró el regreso de Dolberg y la continuidad de Magalí Juan, su ex asistente en el estudio jurídico. Juan entró durante la gestión de Tonelli y a pesar de que terminó el secundario mientras trabajaba en Yacyretá, logró un altísimo cargo y hoy es asistente del directorio.

Antes de llegar a Yacyretá, Peña trabajó en Mirgor, la empresa de Nicky Caputo y Macri. Conocía a ambos de las aulas del Colegio Cardenal Newman. Fue socio de Caputo en un insólito negocio con el Hospital Ferroviario que facilitó el ex presidente.
Su paso por el directorio de Cunumí SA, una de las principales contratistas de obra pública en Buenos Aires cuando Macri era jefe de Gobierno, le trajo problemas con la justicia. Cuando la empresa se derrumbaba, un desocupado fue nombrado como titular.
Allí comenzaron las dificultades continuaron para Peña, que acumula varias causas por falta de pago de proveedores. Para hacer frente a las denuncias, el director de Yacyretá contrató a Dolores Dolberg y a Manuel Milberg como abogados.
Dolberg aparece firmando escritos en varias demandas contra Peña como su patrocinante, una tarea que nada tiene que ver con su actividad en Yacyretá. Milberg es un prestigioso abogado especialista en derecho penal económico, una expertise muy diferente a la requerida por sus tareas en el ente binacional.
Su cargo suele estar ocupado por abogados administrativistas y por su trabajo Milberg cobra 8,5 millones de pesos por mes a pesar de su escasa antigüedad. Los sueldos de los recién llegados generaron roces con el personal de carrera del ente binacional: los empleados de Yacyretá perciben una tercera parte que los funcionarios políticos.
Fuente: La Política Online



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