El Gobierno nacional oficializó un recorte superior a los $63 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Salud, una medida que afecta áreas sensibles vinculadas a medicamentos, enfermedades transmisibles, tratamientos de alto costo y transferencias sanitarias.
La reducción fue incluida en la decisión administrativa 20/2026, publicada esta semana, mediante la cual se dispuso una poda del 2% para todas las áreas de la Administración Pública Nacional.
Desde la cartera que conduce Mario Lugones sostuvieron que el objetivo es “ordenar la inversión sanitaria”, optimizar recursos y evitar superposiciones dentro del sistema.
De acuerdo con los datos del sitio oficial Presupuesto Abierto, el área de Salud contaba originalmente con una asignación de $7,4 billones para 2026. Sin embargo, tras sucesivas modificaciones presupuestarias, el monto vigente quedó en $6,66 billones. Hasta mediados de mayo, la ejecución alcanzaba apenas el 31,5%.

El ajuste impacta tanto en gastos corrientes como en programas específicos y organismos descentralizados del sistema sanitario nacional.
Uno de los recortes más significativos recayó sobre el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que sufrió una reducción cercana a los $20 mil millones. El presupuesto vigente quedó en $145.629 millones, aunque hasta mayo sólo se había ejecutado poco más de $47 mil millones.
También se redujo en $5 mil millones el área destinada a tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo. Según cifras oficiales, de los $10 mil millones disponibles actualmente apenas se ejecutó el 6,2%.
Desde el Ministerio insistieron en que no habrá perjuicios para los pacientes y argumentaron que se lograron optimizar gastos mediante compras centralizadas desde Nación. No obstante, especialistas y referentes sanitarios advirtieron preocupación por la continuidad de distintos programas sensibles.
Entre ellos aparecen el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, la provisión de medicamentos esenciales e insumos, tratamientos para patologías especiales y de alto precio, asistencia a pacientes trasplantados y cobertura de medicamentos por orden judicial o amparos.

También se encuentran bajo observación programas relacionados con la evaluación de tecnologías sanitarias y el uso medicinal del cannabis.
El director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA), Rubén Torres, alertó sobre las posibles consecuencias para las provincias con menores recursos.
“Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el Incucai, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo”, expresó.
El ajuste también alcanzó al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que sufrirá un recorte de $900 millones. Desde hace meses, profesionales del sector vienen denunciando dificultades en la distribución de preservativos y anticonceptivos.
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En paralelo, el área de respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra perderá otros $800 millones. Este sector ya había sido afectado durante 2025 por recortes de personal y reestructuraciones internas.
Además, habrá reducciones presupuestarias en organismos como la Sedronar, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.
Este último organismo, creado en julio de 2025 en medio de los conflictos y reclamos salariales en hospitales nacionales, sufrirá una poda de $3.195 millones.
Pese a las críticas, desde el Ministerio de Salud reiteraron que las prestaciones no serán suspendidas y que la estrategia apunta a “optimizar compras y ordenar el sistema”.
Sin embargo, referentes del ámbito sanitario advirtieron que el impacto del ajuste podría comenzar a reflejarse en los próximos meses en el acceso a medicamentos, tratamientos y programas preventivos en distintos puntos del país.
El FMI aprobaría la próxima semana la revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará US$ 1.000 milloneshttps://t.co/MRBkKnIZLu pic.twitter.com/ELFNkdp4hX
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