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El Gobierno nacional volvió a profundizar el ajuste fiscal durante abril. Según un informe de la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró una caída real interanual del 5,7%, en un contexto marcado por la baja de los ingresos tributarios y la necesidad de sostener el superávit acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gasto devengado refiere a las erogaciones autorizadas por el Estado, aunque no necesariamente pagadas en el mismo período. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, el gasto público nacional mostró una retracción del 3,9% en términos reales, ajustado por inflación.
De acuerdo con el relevamiento, los mayores recortes se observaron en las transferencias a provincias, que se desplomaron un 53,7%, los programas sociales, con una baja del 37,3%, y la obra pública, que cayó 15,7% interanual.
En contraste, algunas partidas mostraron incrementos. El gasto en personal aumentó un 3,1%, mientras que las asignaciones familiares y la AUH crecieron un 3,8%. Dentro de ese rubro, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subió un 6,2%.
El informe también remarcó que los subsidios económicos crecieron 38,7% en términos reales durante el primer cuatrimestre, impulsados principalmente por el área energética, que avanzó 112,9%. En cambio, los subsidios al transporte se redujeron un 29,4%.
Además, se registraron fuertes recortes en distintos programas sociales. La Prestación Alimentar cayó 24,8%, el programa “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” —ex Potenciar Trabajo— disminuyó 27,5%, mientras que las Becas Progresar tuvieron una reducción del 44,3%.
Otro dato que genera preocupación es el aumento de la denominada “deuda flotante”, es decir, pagos comprometidos pero aún no abonados por el Estado. Durante el primer trimestre, la deuda exigible de la Administración Central creció 14% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.
En marzo, ese pasivo saltó a $4,04 billones desde los $1,94 billones registrados en febrero, lo que evidencia una fuerte postergación de pagos por parte del Gobierno nacional.
En paralelo, la caída de la recaudación también complica el panorama fiscal. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos tributarios retrocedieron un 6,7% real durante el primer cuatrimestre de 2026.
Tras la última revisión del acuerdo con el FMI, la meta de superávit fiscal pasó del 2,2% al 1,4% del PBI, otorgando un margen adicional estimado en unos u$s4.700 millones. No obstante, analistas privados advierten que el Ejecutivo deberá seguir ajustando el gasto para compensar la caída de ingresos y cumplir con los objetivos fiscales.
