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Un operativo policial realizado en la localidad de Garuhapé terminó con la detención de ocho integrantes de la comunidad mbya, en el marco de una causa por “presunta usurpación” sobre un terreno ubicado en Colonia San Miguel. Entre los arrestados se encuentra el cacique de la comunidad Puente Quemado II, Santiago Ramos, figura central en el conflicto territorial.
El procedimiento se inició el lunes al mediodía y continuó durante las últimas horas, bajo directivas del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Puerto Rico. Efectivos de la comisaría local avanzaron tras constatar la presencia de miembros de la comunidad en el predio en disputa, identificado como Lote 178, Parcela 141, en el Paraje Cañafístola.
En una primera intervención, los uniformados detectaron a siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecían en el lugar por decisión del cacique. Según fuentes policiales, esta situación motivó el avance de las actuaciones judiciales que derivaron en las detenciones concretadas este martes.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) denunciaron que el arresto de Ramos se produjo “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la Ley 26.160”, normativa que protege las tierras ocupadas por comunidades indígenas.
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La organización también confirmó la detención de Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además del traslado de “varias mujeres con niños y bebés en brazos”, lo que generó preocupación en el ámbito social y de derechos humanos.
A través de un comunicado, desde Emipa reclamaron la liberación de los detenidos y vincularon el conflicto con disputas de larga data: “Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco, que avanzan con monocultivos de pinos, y contra empresarios forestales que desmontan la selva nativa con aval del Estado provincial”.
El episodio ocurrió apenas una semana después de la participación de la lideresa mbya Keila Zaya ante la Organización de las Naciones Unidas, donde expuso el conflicto territorial que atraviesa la comunidad Puente Quemado II frente al avance de emprendimientos forestales.
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