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Un informe elaborado por Mumala reveló cifras alarmantes sobre la violencia de género en Argentina durante los primeros cuatro meses de 2026. Según el relevamiento, entre el 1 de enero y el 30 de abril se registraron 90 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 32 horas, junto a 356 intentos de femicidio en todo el país.
El reporte desglosa que 67 de los casos fueron femicidios directos, 11 estuvieron vinculados a contextos de narcotráfico o crimen organizado, 4 fueron femicidios vinculados, 3 corresponden a trans/travesticidios y 5 fueron catalogados como suicidios feminicidas. Como consecuencia, al menos 61 niños, niñas y jóvenes quedaron sin madre.
Desde Mumala advirtieron sobre la deficiente respuesta estatal frente a esta problemática. Uno de los datos más relevantes indica que solo el 10% de las víctimas había realizado denuncias previas. En ese sentido, la organización sostiene que esto no implica un exceso de denuncias falsas, sino la falta de condiciones reales para que las víctimas puedan denunciar de manera segura y efectiva.
El informe también señala el incumplimiento de la Ley N° 27.452, que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, una herramienta clave que, según denuncian, no se está aplicando de manera adecuada.
Entre los casos que generaron mayor conmoción se encuentra el de Gisela Alejandra Ruocco, quien fue encontrada asesinada y enterrada en el patio de la vivienda de su pareja, en un hecho que fue descubierto por su propio hijo. También impactó el crimen de Sofía, en la ciudad de Rosario, estudiante de Psicología, asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida.
En Misiones, el femicidio de Silvana Báez, de 35 años, volvió a poner en agenda la problemática. La mujer fue hallada sin vida en su vivienda con heridas de arma blanca, y por el hecho fue detenido su pareja, Juan Ramón V., de 59 años, tras un operativo cerrojo realizado en la localidad de Panambí.
Bajo la consigna de exigir respuestas urgentes, Mumala reclamó la restitución y el fortalecimiento de políticas públicas de prevención, asistencia y protección integral para personas en situación de violencia de género, ante un escenario que califican como crítico.
