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El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a quedar en suspenso luego de que el Parlamento Europeo resolviera frenar su avance institucional y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para una revisión legal. La decisión, adoptada en una votación ajustada en la ciudad francesa de Estrasburgo, refleja las profundas divisiones internas que persisten dentro del bloque comunitario en torno a uno de los tratados comerciales más ambiciosos de las últimas décadas.
Con 334 votos a favor y 324 en contra, la Eurocámara decidió que sea la Justicia europea la que determine si el convenio firmado recientemente en Asunción, Paraguay, es compatible con los tratados constitutivos de la Unión Europea. El resultado confirmó los pronósticos de un debate cerrado y cargado de tensiones políticas, económicas y ambientales.
Un acuerdo dividido para sortear resistencias internas
La votación parlamentaria se produjo luego de que el Consejo de la Unión Europea intentara destrabar el proceso mediante una estrategia institucional que consistió en separar el capítulo comercial del capítulo institucional del acuerdo, un atajo jurídico que buscaba permitir la ratificación parcial del tratado sin necesidad de la aprobación de todos los parlamentos nacionales.
Esta maniobra, sin embargo, generó fuertes cuestionamientos dentro del Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados advirtieron que ese mecanismo podría vulnerar el equilibrio institucional del bloque y afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. En ese marco, se resolvió elevar la consulta al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, que ahora deberá expedirse sobre la legalidad del procedimiento adoptado.
Francia, agricultores y el núcleo duro de la oposición
Entre los países que más resistencia opusieron al acuerdo se destacó Francia, cuyo gobierno mantiene desde hace años una posición crítica frente al tratado, en especial por su impacto potencial sobre el sector agrícola europeo. Tras la votación, la Cancillería francesa sostuvo que la decisión del Parlamento fue “coherente con la posición histórica” del país, que rechaza el acuerdo tal como está planteado.
La resolución fue celebrada por organizaciones de productores agropecuarios, que se manifestaron frente al Parlamento Europeo y reclamaron mayores garantías ambientales, sanitarias y productivas antes de avanzar con la liberalización comercial frente a los países del Mercosur.
La postura de la Comisión Europea y la opción de aplicación provisional
Desde la Comisión Europea, el vocero comunitario Olof Gill cuestionó la decisión parlamentaria y aseguró que, a criterio del Ejecutivo europeo, los argumentos planteados para frenar el acuerdo “no están justificados”. Gill remarcó que las cuestiones legales señaladas ya fueron abordadas en otros tratados comerciales, como el acuerdo firmado con Chile, y sostuvo que no se trata de objeciones novedosas.
No obstante, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que la Comisión evalúe aplicar el acuerdo de manera provisional, una herramienta prevista en la normativa comunitaria, mientras avanza el análisis judicial. Al mismo tiempo, confirmó que el tema será abordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante una cumbre extraordinaria, convocada inicialmente para debatir la relación con Estados Unidos.
Un proceso judicial que puede demorar hasta dos años
Según los antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este tipo de consultas puede demandar entre 18 y 24 meses, aunque el organismo tiene la facultad de priorizar expedientes cuando las circunstancias políticas o económicas así lo requieran. Hasta que exista un pronunciamiento definitivo, el acuerdo permanecerá en una situación de bloqueo institucional, con impacto directo en las expectativas comerciales de ambas regiones.
Repercusiones en el Mercosur y el escenario argentino
Del lado sudamericano, el freno europeo introduce un nuevo elemento de incertidumbre. El acuerdo UE–Mercosur debe ser aprobado por los parlamentos de los países miembros plenos del bloque, un proceso que aún no se completó. En el caso argentino, el presidente Javier Milei incluyó el tratamiento del convenio en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, señalando su relevancia estratégica para la inserción internacional del país.
Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo vuelve a dilatar los plazos y confirma que, más allá de los anuncios políticos, el tratado continúa atravesado por resistencias estructurales dentro de la Unión Europea.
Un acuerdo clave, aún lejos de su entrada en vigencia
El envío del acuerdo a la Justicia europea marca un nuevo capítulo en una negociación que lleva más de dos décadas y que sigue generando controversias en torno al comercio, el ambiente, la soberanía regulatoria y el modelo productivo. Mientras la Comisión Europea insiste en la importancia económica y geopolítica del pacto, el Parlamento y varios Estados miembros reclaman mayores garantías legales e institucionales.
Por ahora, el acuerdo UE–Mercosur permanece en pausa, a la espera de una definición judicial que podría redefinir no solo su futuro inmediato, sino también el modo en que la Unión Europea aprueba sus grandes tratados comerciales.
Irán anunció una «respuesta adecuada» a Argentina por calificar como terroristas a grupos aliados https://t.co/zfpciGu6j7 pic.twitter.com/wBeygwLhKL
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