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Este sábado 3 de enero de 2026, cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración contra Estados Unidos, tras ser capturados en el marco de una operación militar estadounidense en Venezuela, ordenada por el gobierno norteamericano.
Según informó el Departamento de Justicia, las acusaciones sostienen que Maduro lideró durante años una estructura criminal internacional vinculada al narcotráfico, utilizando su posición de poder para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, además de coordinar acciones armadas y proveer armamento pesado. La investigación señala a ambos imputados como figuras centrales de una red que operó con fines políticos, económicos y terroristas.
Bondi afirmó que la causa se sustenta en pruebas reunidas durante años por agencias federales, y remarcó que los delitos imputados incluyen conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para utilizar armamento con fines hostiles contra EE.UU.. La funcionaria aseguró que los acusados “enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense” ante tribunales federales.
La imputación se conoció horas después de que Estados Unidos confirmara una operación militar de gran escala en territorio venezolano, que incluyó acciones sobre instalaciones estratégicas y objetivos militares, y que, según Washington, permitió la captura y traslado de Maduro y Flores fuera del país. El operativo marcó una escalada sin precedentes en el conflicto entre ambos gobiernos.
Desde la Casa Blanca sostienen que la medida responde a una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, al considerar a Maduro como el principal responsable del denominado “Cartel de los Soles”, una organización que EE.UU. vincula con el narcotráfico internacional y el financiamiento de estructuras armadas.
El impacto del anuncio fue inmediato. La imputación del mandatario venezolano provocó reacciones diplomáticas en distintos países, con gobiernos que respaldaron la acción judicial y otros que cuestionaron duramente la intervención militar estadounidense. En Venezuela, el escenario político quedó sumido en la incertidumbre, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el avance de una causa judicial que podría redefinir el futuro del país y la relación de Washington con la región.
