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A solo días del histórico fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, una encuesta de la consultora Zuban-Córdoba revela un dato contundente: el 53% de los argentinos considera culpable a la exmandataria en la causa Vialidad y el 52,3% cree que debe ir presa.
El relevamiento, realizado entre el 10 y el 11 de junio, abarcó a 1200 personas mayores de 16 años en todo el país y tiene un margen de error de ±2,83%. El objetivo fue medir el clima de opinión pública tras el fallo de la Corte, así como la percepción social sobre la Justicia, el poder político y el futuro del kirchnerismo.
La encuesta de junio de Zuban Córdoba y Asociados, señala que el fallo tuvo un impacto significativo en la opinión pública, afectando no solo la figura de la ex presidenta, sino también la percepción general sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. En ese sentido, el informe subraya que existe una demanda social por una reforma en la forma de selección de jueces, con más del 61% a favor de la elección por voto popular, aunque un contundente 76% rechaza que estos sean designados por decreto.
Para Zuban Córdoba, estas cifras reflejan un contexto de desconfianza institucional, donde la justicia, la política y los liderazgos tradicionales están bajo cuestionamiento constante. “Dato no mata relato. Hoy la política argentina debe readecuar sus posiciones frente a este nuevo escenario de polarización total. La condena a CFK parece haber terminado de desmoronar los pocos carriles que seguían en pie de esa ancha avenida del medio”, se aseveró en la encuesta a la que accedió Radio Up.
Condena social y judicial
Los datos principales muestran que una mayoría de la población avala la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y ahora ratificada por el máximo tribunal del país. Según Zuban-Córdoba:
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El 53% de los encuestados considera que Cristina Kirchner es culpable.
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El 40,8% la considera inocente.
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El 52,3% cree que debe ir presa, frente al 42,9% que sostiene lo contrario.
Estos números reflejan una polarización intensa, pero también un giro en el sentido común de la ciudadanía, donde el respaldo social al relato de persecución judicial (lawfare) pierde fuerza frente al peso de la condena.
Desconfianza en la Justicia, pero apoyo a su decisión
A pesar del aval mayoritario a la condena, el estudio revela una profunda desconfianza en el sistema judicial argentino. Ante la pregunta sobre si la Justicia actuó honestamente, las respuestas se dividieron:
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El 49,2% dijo que la Justicia fue honesta.
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El 46,5% opinó que actuó de manera deshonesta.
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El 4,3% no supo responder.
Este dato sugiere que, incluso entre quienes creen que Cristina es culpable, no todos confían en los métodos, los tiempos o la imparcialidad de los jueces, lo cual refuerza la percepción de que el sistema judicial atraviesa una crisis de legitimidad.
Además, el 56,6% cree que en Argentina no se aplica el principio de igualdad ante la ley, y un 61,1% considera que los jueces deberían ser electos por voto popular. También hay un fuerte rechazo (76,4%) a la designación de magistrados por decreto presidencial.
Cristina, eje de la polarización
Zuban-Córdoba subraya que Cristina Kirchner sigue siendo el clivaje más potente de la política argentina. El estudio detalla cómo la opinión sobre la expresidenta se alinea casi perfectamente con la identidad política del votante:
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Entre quienes votaron a Javier Milei, el 94,9% la considera culpable.
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Entre los votantes de Sergio Massa, el 87,3% la considera inocente.
Esta dicotomía refuerza el carácter polarizante del liderazgo de CFK y marca el debilitamiento del centro político, en momentos donde la ciudadanía exige justicia, pero no confía plenamente en quienes la imparten.
Jueces designados por voto pero no por DNU
En la encuesta de Zuban-Córdoba se destaca una fuerte contradicción ciudadana: mientras el 76,4% rechaza que los jueces sean designados por decreto presidencial, un 61,1% considera que deberían ser elegidos por voto popular.
Esta percepción revela una crisis de confianza en los mecanismos institucionales actuales y una demanda creciente de mayor participación democrática en la conformación del Poder Judicial, especialmente en un contexto donde las decisiones de la Corte Suprema generan alto impacto político y social.
