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En diálogo con Radio Up, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, trazó un crudo panorama sobre la situación que atraviesan millones de jubilados y pensionados en Argentina. “Los jubilados argentinos se están muriendo de hambre hoy”, afirmó, y reclamó la declaración urgente de la emergencia alimentaria y sanitaria, tanto por parte del Estado nacional como de los gobiernos provinciales.
Lejos del promedio de $900.000 que mencionan algunos funcionarios, Semino explicó que la mayoría de los jubilados cobra haberes muy por debajo de la canasta básica, que actualmente ronda los 1.200.000 pesos. “Eso de los 900 mil pesos es una mezcla de datos que no son claros, porque suman quienes tienen jubilación y pensión. Los jubilados y pensionados nacionales no llegan a 8 millones, y 6 millones de ellos no cubren ni un tercio de sus necesidades básicas”, precisó.
Según detalló, 5 millones de personas cobran la jubilación o pensión mínima, y con todos los conceptos incluidos, el ingreso no supera los 379 mil pesos. A esto se suman 500 mil pensiones no contributivas para personas con discapacidad, que apenas llegan a 330 mil pesos, y otros 500 mil beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que reciben aproximadamente 350 mil pesos. “Los números son absurdos, grotescos. No alcanza para vivir, y mucho menos para envejecer con dignidad”, señaló.
Jubilados: entre la indigencia y el abandono
Semino también apuntó contra el desinterés político por la situación de los adultos mayores: “Los funcionarios y legisladores no ven el drama del jubilado de carne y hueso. Se manejan con expedientes, pero no ven la realidad. Nosotros vemos de 200 a 400 casos por día. Lo mismo les pasa a los colegas que trabajan en hospitales o en dispensarios”.
Al hablar de salud, el defensor fue terminante respecto al acceso a medicamentos: “El jubilado no puede consumir la medicación como se la indica el médico. Ajusta las dosis según lo que le permite el bolsillo, y así el tratamiento no sirve para nada”. Además, alertó que los aumentos superan con creces la inflación: “En 2023 la inflación fue del 211% y los medicamentos aumentaron 300%. Este año, con una inflación del 118%, subieron un 200%. Tienen un comportamiento autónomo”.
También cuestionó duramente el funcionamiento de PAMI y otras obras sociales: “La accesibilidad al medicamento se ha vuelto un galimatías. PAMI es el gran prestador, pero no es el único en crisis. Obras sociales como IOMA están incluso peor”. Y denunció que no hay cobertura adecuada para los jubilados que requieren tratamientos.
Pero para Semino, la salud no se agota en la medicación. “Los grandes sanitaristas como Carrillo y Oñativia decían que el primer medicamento es el hábito. Y si no podés comer lo que necesitás, si no tenés techo, agua potable, todo lo demás queda desdibujado. Hoy hay cientos de miles de jubilados sin acceso a lo básico para vivir”.
La situación habitacional también forma parte del drama. “Dentro de un rato voy a la Defensoría y me voy a encontrar con una larga cola de jubilados que durmieron en la calle, en refugios o en pensiones de mala muerte que se llevan todo el haber. Esto pasa todos los días. No tienen redes familiares ni contención. Por eso pedimos que el Estado actúe ya”.
Ante este escenario, insistió en que el debate sobre futuras reformas previsionales no puede ser la excusa para la inacción actual: “Las reformas son siempre a futuro. Pero hoy la emergencia es alimentaria, sanitaria y habitacional. No se puede esperar. Es como en una inundación: si alguien está con el agua al pecho, no le hablás de un plan de viviendas. Le tirás una soga ya”.
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Consultado sobre las posibilidades políticas para avanzar con un proyecto de emergencia, Semino fue escéptico: “Esto no requiere leyes nuevas. Ya lo planteamos a ejecutivos y al Congreso. El año pasado se sancionó una ley que después fue vetada. Hoy estamos igual. Algunos legisladores que impulsaron esa ley después apoyaron el veto”.
“Lo que hace falta no es una ley, sino decisión política y plata. La emergencia se resuelve desde la acción social, no desde la seguridad social. Y eso tiene que hacerlo el Estado con sus presupuestos”, concluyó.
“Ian no quiere plata, quiere respeto” — su abogado denunció el vaciamiento del sistema de discapacidad y el ataque institucional de Milei al joven activista. https://t.co/2v73O2k2Bl pic.twitter.com/Y1AEo1OqlY
— RadioUp (@radioup955) July 10, 2025
Te dejamos la entrevista completa:
