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El Senado de la Nación Argentina comenzó este miércoles el debate sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, en una jornada marcada por las diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas respecto a la eliminación de las PASO y el tratamiento de la ley de Ficha Limpia.
La discusión se desarrolla desde las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, con la exposición de la asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
El tratamiento del proyecto abrió una nueva instancia de tensión entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas como el PRO y la Unión Cívica Radical, que reclamaban discutir primero y por separado la ley de Ficha Limpia. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el oficialismo, pese a que inicialmente la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había respaldado esa alternativa.
Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde todavía no existen consensos entre el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidaturas presidenciales y legislativas. La iniciativa encuentra resistencia en buena parte de la oposición moderada, por lo que el oficialismo analiza alternativas como una nueva suspensión para las elecciones de 2027 o quitarles el carácter obligatorio.
El Gobierno necesita construir acuerdos con el PRO, la UCR y bloques provinciales debido a que la reforma requiere mayorías absolutas: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
Entre los principales puntos del proyecto también figura la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría postularse a cargos electivos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
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Además, la iniciativa establece nuevas exigencias para la oficialización de candidaturas y partidos políticos. Los candidatos presidenciales deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que las postulaciones legislativas requerirán el respaldo del 0,5% del padrón de cada distrito.
En paralelo, el texto propone cambios profundos en el sistema de financiamiento político. El Estado dejaría de financiar campañas electorales y se ampliaría del 2 al 35% el límite permitido para aportes privados a partidos y alianzas.
El proyecto también contempla que los partidos políticos mantengan únicamente el aporte anual correspondiente al Fondo Partidario Permanente y elimina la publicidad gratuita en medios de comunicación durante las campañas.
Otro de los cambios incluidos es la eliminación del debate obligatorio entre candidatos presidenciales, implementado en elecciones anteriores, además de modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel para incorporar la opción de voto por lista completa y permitir unificar elecciones provinciales y nacionales en caso de simultaneidad.
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