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El Gobierno nacional deberá aplicar un nuevo recorte sobre el gasto público durante 2026 para cumplir con la meta de superávit primario del 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional. Así lo señaló un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, que analizó la evolución de los ingresos fiscales y del gasto estatal durante el primer cuatrimestre del año.
Según el estudio, el Ejecutivo necesitará ajustar el llamado gasto primario no indexado en más del 6% real para alcanzar el objetivo comprometido ante el organismo internacional. El análisis proyectó que, de mantenerse las actuales tendencias fiscales, el margen de maniobra del Gobierno será cada vez más limitado.
El reporte indicó que partidas sensibles como las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares mantendrían niveles similares en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, el resto de los gastos del Estado acumularía una reducción cercana al 47% en un período de tres años.
El informe también remarcó que el ajuste fiscal se concentraría especialmente en áreas no protegidas por mecanismos automáticos de actualización. En ese escenario, las erogaciones discrecionales continuarían siendo las principales variables de recorte para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
El trabajo de Argañaraz tomó como referencia el comportamiento reciente de la recaudación tributaria y la dinámica del gasto nacional registrada entre enero y abril. A partir de esos datos, concluyó que el desafío fiscal para 2026 exigirá una profundización del programa de ajuste impulsado por la administración nacional.