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Argentina, que durante décadas se pensó a sí misma como una tierra de puertas abiertas, ha girado hacia la gramática de la sospecha. La frontera, antes umbral de acogida y promesa de futuro, se ha transmutado en un filtro de desconfianza donde la identidad del otro es sometida a un escrutinio asfixiante. Ser venezolano hoy, en los bordes de la nación, significa habitar un interrogatorio gravoso y extenuante: se le exige demostrar un retorno inexistente a quien lo ha dejado todo. Esta mutación no es un simple trámite burocrático; es el síntoma de una identidad nacional en crisis que comienza a imitar la espectacularidad cruel de las políticas que convierten la expulsión en un acto de fe política. La política migratoria no solo regula cuerpos, sino que fabrica imaginarios, y el nuevo imaginario argentino es el del extranjero como amenaza.
El 3 de enero de 2026 se abrió una grieta identitaria. La caída de Maduro en Venezuela fue leída en la región no como una oportunidad de reparación, sino como el preludio de una diáspora criminal. Bajo esta premisa, Argentina comenzó a tratar al migrante como una amenaza potencial antes que como un sujeto de derecho. Los requisitos administrativos —pasajes de ida y vuelta, reservas hoteleras, interrogatorios interminables— se revelaron como muros invisibles diseñados para excluir a quienes migran por necesidad. La palabra “ordenar”, tan recurrente en los comunicados oficiales, ha terminado por significar “excluir”. En este nuevo orden, la irregularidad se criminaliza y la vida cotidiana del migrante se transforma en un territorio de vigilancia permanente. Allí donde antes había ciudadanos en potencia, hoy hay objetos de control.
Esta lógica de Estado no se detiene en la frontera; se filtra hasta los capilares más profundos de la vida social. El prejuicio oficial se derrama sobre la calle y el mercado laboral, normalizando la segregación. En Arepa Viva, una joven venezolana relató con crudeza cómo su hermano, en su primer día de trabajo y pese a estar regularizado tras meses en Argentina, fue rechazado por la administradora con una frase lapidaria: “No aceptamos venezolanos porque no quiero tener problemas con Migraciones”. Cuando una administradora rechaza a un trabajador regularizado por miedo al Estado, la sospecha ha ganado la batalla: la exclusión ya no es solo una norma jurídica, sino una conducta social aceptada. El extranjero ya no es visto como el vecino que construye, sino como la amenaza que desestabiliza. Es decir: la sospecha estatal se convierte así en discriminación social, y la exclusión se normaliza en los ámbitos más elementales de la existencia.
Argentina no transita este camino en soledad. Se encuentra inmersa en un coro regional de clausura: Paraguay reinstaura visas y Chile convierte las deportaciones en un espectáculo mediático de seguridad nacional. En este escenario, la Triple Frontera se erige como un laboratorio de contrastes donde conviven lógicas opuestas: mientras Brasil mantiene la lógica de la acogida, Argentina y Paraguay levantan barreras de papel y sospecha. Es la influencia del «modelo del norte» proyectada en el sur; el muro de Estados Unidos se replica aquí no con ladrillos, sino con burocracia y hostilidad. América Latina, que alguna vez se soñó como una alternativa humanitaria frente al egoísmo global, empieza a imitar la brutalidad que antes criticaba.
La paradoja es económica y moral. El Estado expulsa al migrante del mercado formal y, al hacerlo, lo condena a sobrevivir en la informalidad, para luego perseguirlo por esa misma supervivencia. La exclusión no solo margina, sino que engendra economías paralelas que son rápidamente criminalizadas. En esa paradoja cruel, el migrante regularizado, que consume, paga impuestos y contribuye, es rechazado; y el migrante criminalizado, que apenas resiste, es convertido en objeto de persecución. La frontera deja de ser tránsito y encuentro, se convierte en sospecha y hostilidad, y en ese espacio la soberanía se enfrenta a los derechos humanos, inclinando la balanza hacia la exclusión.
Lo que hoy ocurre con el éxodo venezolano es el ensayo general de cómo la región responderá a las crisis venideras, ya sean climáticas o políticas. Si prevalece la sospecha, nuestras fronteras se convertirán definitivamente en trincheras de exclusión. Si logramos rescatar la hospitalidad, podremos inventar una solidaridad propia, capaz de transformar el miedo en integración. La frontera es el espejo donde una nación se reconoce o se niega; allí se decide si seremos puentes o fosos.
En última instancia, toda decisión sobre el migrante es una decisión sobre nosotros mismos. Aceptar o rechazar no solo define al extranjero, sino que esculpe el alma de la nación que mira. Los migrantes son un espejo implacable: en su reflejo no solo vemos su tránsito y su dolor, sino la transformación profunda —y a veces aterradora— de las sociedades que, al recibirlos con sospecha, terminan por traicionar su propia historia.
El Senado comenzó a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada https://t.co/DZwih4UNH7
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 29, 2026
