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Pasó el 10 de diciembre y, según el partido en el que se milite o el lugar desde donde se observe la política, el hecho puede interpretarse como una simple decisión administrativa o como una definición profundamente política. Para algunos, el recambio de autoridades en los cuerpos legislativos es apenas una formalidad institucional; para otros, es una instancia clave que permite proyectar hacia adentro, ordenar prioridades y, sobre todo, construir acuerdos legislativos y políticos de mayor alcance.
La diferencia no es menor. Lo primero resuelve la estructura partidaria; lo segundo establece el marco real de gobernabilidad, define prioridades compartidas y delimita el modo en que un gobierno provincial y los gobiernos municipales se relacionan con fuerzas aliadas y opositoras. En ese terreno se juega mucho más que un nombre o un cargo: se juega la orientación política de una etapa.
En Misiones, este 10 de diciembre no fue un hecho aislado ni debe leerse únicamente desde la lógica de las presidencias de los cuerpos legislativos. Lo verdaderamente relevante fueron los consensos alcanzados. Consensos que no surgen de la improvisación ni de la especulación coyuntural, sino de una decisión política consciente de mostrar hacia dónde se quiere ir.
En ese marco, también aparece una lectura clara por parte de La Libertad Avanza: el gobierno provincial puede convertirse en un aliado importante para sus objetivos nacionales. Pero esa posibilidad no es automática ni ideológica; está condicionada al cumplimiento de compromisos asumidos y a la comprensión de que las provincias no son piezas accesorias del tablero nacional, sino actores con intereses propios, necesidades concretas y demandas históricas.
Por otro lado, el gobierno provincial decidió explicar y demostrar su importancia política poniendo sobre la mesa esos consensos. La designación de fuerzas opositoras en la vicepresidencia primera y segunda no es un gesto decorativo, sino un mensaje directo al pueblo misionero. Un mensaje que dice que Misiones necesita mirarse a sí misma, pensar con ojos misioneros y entender que cada acuerdo firmado debe servir para sostener una ruta, una escuela, un hospital, al productor rural, a la industria local y a cada eslabón que mantiene en pie el entramado económico y social de la provincia.
No se trata de romantizar el consenso ni de negar las diferencias. Se trata de comprender que, en contextos complejos, gobernar también implica ordenar prioridades y construir acuerdos que protejan lo esencial. Y lo esencial, para Misiones, está profundamente ligado a su territorio, a su producción y a su identidad.
En ese mismo sentido se inscribe un hecho que, para algunos, pasó casi como una nota de color, pero que tiene un valor político profundo: la presencia del gobernador Hugo Passalacqua en la asunción del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. No fue una foto más. Fue un gesto con contenido. Fue la expresión de una forma de entender la política desde las economías regionales, la preservación de la identidad y la necesidad de articular esfuerzos entre provincias que comparten problemas, desafíos y oportunidades.
Ese encuentro simboliza algo más grande: la posibilidad de un diálogo firme entre provincias, con claridad en el mensaje y sin ambigüedades respecto de las prioridades. Lo importante es respaldar a quienes producen, invierten y sostienen las economías locales. Y eso no se logra con discursos grandilocuentes, sino con decisiones políticas concretas.
Aquí aparece con fuerza la idea de las dos argentinas. No como una consigna vacía, sino como una realidad que empieza a hacerse visible. Por un lado, la Argentina de los gobernadores que se reúnen sin pedir linaje ideológico, con la escarapela de su provincia como principal identidad, sin esconder las pretensiones legítimas de sus pueblos. Gobernadores que entienden que el diálogo interprovincial no es una concesión, sino una herramienta de fortalecimiento político.
Por otro lado, una Argentina representada por un proyecto presidencial firmemente anclado en una lógica de fuerte impronta ideológica, con la obligación de cumplir mandatos de acuerdos económicos que no fueron discutidos en profundidad en el Congreso de la Nación. Acuerdos que comienzan a mostrar líneas de proyectos que, con solo un repaso inicial, encienden alertas en las provincias por el riesgo de profundizar aún más las desigualdades entre el país central y regiones como el Norte Grande.
Esta tensión no surge de la nada. Es el resultado de un entusiasmo electoral que, en muchos casos, careció de contenido político real. Un entusiasmo que ahora se enfrenta con la complejidad de gobernar un país diverso, desigual y profundamente federal en sus necesidades, aunque no siempre en sus decisiones.
Frente a ese escenario, los gobernadores que escuchan a sus vecinos, a los productores, a los empresarios y a los trabajadores, comienzan a impulsar mesas de diálogo y esquemas de acompañamiento regional. No como reacción ideológica, sino como respuesta política concreta frente a imposiciones que pueden contar con respaldo doctrinario, pero que carecen de proyectos claros de bien común.
Esta nueva etapa no promete certezas absolutas. No al menos para quienes se refugian en ideologías de barricada o en soluciones mágicas. Son tiempos que exigen audacia, pero una audacia distinta: la de comprender que las banderas no se negocian, pero tampoco se imponen desde el vacío. Las banderas flamean porque hay un pueblo que las sostiene, que exige respaldo provincial y que demanda decisiones con sustento técnico, humano y territorial.
El 10 de diciembre, en Misiones, dejó algo en claro: la política todavía puede ser una herramienta de construcción colectiva cuando se ejerce con identidad, diálogo y responsabilidad. Y en tiempos de incertidumbre, esa no es una señal menor.
