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Mientras la entidad refuerza su “ley del silencio” con restricciones a la prensa y a la difusión interna de documentos, los principales responsables de la comunicación institucional perciben remuneraciones que superan los G. 37 millones mensuales, entre salario base y bonificaciones.
La reciente oficialización de la Circular SGP Nº 03/2026 en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que prohíbe a funcionarios hablar con la prensa o compartir documentación técnica sin autorización, expone no solo un endurecimiento en la política comunicacional, sino también el alto costo de la estructura encargada de controlar la información.
Para que el esquema funcione, la binacional sostiene un equipo de Asesoría de Comunicación Social con salarios que contrastan con la realidad económica del país. Al frente del área se encuentra Carlos Eduardo Bado Fretes, quien, según la planilla de agosto de 2024, percibe un salario básico de G. 17.963.460 y bonificaciones por G. 19.236.366, lo que eleva su ingreso mensual a G. 37.199.826.
En la Jefatura de Prensa se desempeña Nancy Espínola Núñez, con un salario de G. 24.821.150 más bonificaciones de G. 12.179.904, totalizando G. 37.001.054 mensuales. En conjunto, ambos cargos representan un desembolso superior a G. 74 millones al mes para la estructura encargada de centralizar y autorizar toda comunicación institucional.
Técnicos sin voz pública
El blindaje informativo no se limita al área administrativa. En el plano técnico, el actual jefe del sector, el ingeniero Ronnie Javier Ayala, evita brindar declaraciones directas a la prensa y remite sistemáticamente las consultas a los “canales correspondientes”, es decir, al área de Comunicación Social.
La implementación de este esquema consolida un modelo en el que cada declaración, dato o informe pasa por un filtro previo, reforzando la centralización informativa en una entidad que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos por la administración de recursos y la falta de controles externos efectivos.
Con la circular vigente y una estructura salarial robusta en el área de comunicación, la EBY consolida un sistema en el que el acceso a la información pública queda estrictamente condicionado por la autorización interna.
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