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Un clima de incertidumbre se instaló en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tras la oficialización de la Circular SGP N.º 03/2026, que prohíbe a funcionarios difundir documentación institucional o brindar declaraciones públicas sin autorización previa.
Trabajadores de la entidad, que solicitaron reserva de identidad, señalaron que el temor a sanciones disciplinarias modificó la dinámica interna. La posibilidad de sumarios administrativos o incluso desvinculaciones por mantener contacto con la prensa generó un escenario de autocensura puertas adentro.
Alcance de la circular
La disposición fue firmada por el secretario general paraguayo, Mario Duilio Cáceres Agüero, y establece que toda comunicación debe canalizarse exclusivamente a través del área de Comunicación Social. El texto advierte que la emisión de declaraciones no autorizadas constituye una falta administrativa.
Según trascendió, la medida formaliza por escrito un protocolo que —de acuerdo a fuentes internas— ya se aplicaba de manera informal.
Centralización de la comunicación
En este esquema, el área de prensa centraliza las respuestas a requerimientos periodísticos y consultas externas. La estructura está encabezada por Nancy Espínola Núñez y el director de Comunicación, Carlos Eduardo Bado Fretes.
Algunos empleados consideran que la circular implica un endurecimiento en los mecanismos de control informativo y advierten que podría afectar la transparencia institucional.
Contraste con el discurso oficial
La decisión genera cuestionamientos en un contexto en el que el presidente paraguayo Santiago Peña promueve en foros internacionales el potencial energético del país y la atracción de inversiones.
Mientras el discurso oficial apunta a modernización y apertura, dentro de la EBY parte del personal percibe un refuerzo de las restricciones internas en materia de comunicación.
La aplicación efectiva de la circular y las eventuales sanciones quedarán bajo análisis en los próximos meses, en medio de un debate creciente sobre los límites entre disciplina institucional y acceso a la información pública.
