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La Justicia federal investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de una causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, y que en los últimos días incorporó un nuevo eje: el análisis de su patrimonio digital. Según avances de la pesquisa, durante el relevamiento de información solicitado a exchanges y billeteras virtuales, el fiscal Gerardo Pollicita detectó movimientos vinculados a criptomonedas, lo que abrió una línea adicional de estudio sobre el origen y destino de esos fondos.
El caso se originó a partir de una investigación judicial que busca determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados y el nivel de patrimonio del funcionario, su entorno familiar y sociedades vinculadas, incluyendo a su esposa Bettina Angeletti y a las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe. En ese contexto, la Justicia dispuso hace poco más de un mes el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de todos los involucrados.
El expediente se centra en la evolución patrimonial de Adorni y posibles irregularidades financieras. La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo, con impulso del fiscal Gerardo Pollicita, y se desarrolla en el fuero federal de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires. La causa avanzó mediante oficios enviados a entidades bancarias, organismos de control y plataformas de activos digitales, que comenzaron a remitir información sobre operaciones registradas desde enero de 2022.
De acuerdo a los primeros reportes incorporados al expediente, se habrían identificado transacciones en criptoactivos, aunque por el momento los montos serían menores en comparación con otros flujos de dinero en efectivo ya detectados en la causa. No obstante, los investigadores consideran que estos datos podrían representar solo una parte de un circuito financiero más amplio.
Profundización del análisis financiero
Ante estos hallazgos iniciales, la fiscalía evalúa solicitar herramientas de trazabilidad de blockchain y peritajes técnicos especializados para reconstruir el recorrido de los fondos digitales. El objetivo es determinar si existió correspondencia entre las operaciones detectadas y el patrimonio declarado, así como establecer el origen de las transferencias.
En paralelo, el Banco Central fue requerido para remitir un informe completo sobre productos financieros asociados a los investigados, incluyendo cuentas bancarias, cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas de crédito.
Próximos pasos de la investigación
La estrategia judicial apunta ahora a cruzar la información bancaria tradicional con los datos provenientes del ecosistema fintech. Los investigadores buscan establecer si existe una brecha patrimonial significativa o movimientos financieros no declarados, lo que podría ampliar el alcance de la causa en los próximos meses.
