//
La crisis en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no es solo institucional, es también humana. Así lo expresó Iris Figueredo, representante de APINTA Montecarlo, en diálogo con Radio Up donde denunció públicamente el impacto del decreto presidencial que transformó al INTA en un organismo desconcentrado, quitándole su autarquía y reduciendo su autonomía administrativa y territorial.
“El amparo judicial que presentamos se basa en varios puntos clave, como la pérdida de autonomía institucional, la eliminación del Consejo Directivo Nacional y Regional, y la reducción drástica de funciones estratégicas como la extensión rural, que es una de nuestras actividades principales”, explicó Figueredo.
Pero más allá de lo jurídico y lo político, el mayor temor se refleja en una herramienta concreta y fría: una planilla de Excel. “Lo que nos genera una gran incertidumbre es saber si estamos o no en la planilla de Excel para continuar”, aseguró. “El gobierno tiene un plan para reducir la planta del INTA de 6.000 a 4.500 trabajadores. Eso implica que 1.500 personas serían desvinculadas o pasadas a disponibilidad, lo que en la práctica es un despido”.
La modalidad de disponibilidad, explicó, implica que el Estado continúe pagando el sueldo por un período limitado —entre seis meses y un año, según la antigüedad— pero luego cesa todo vínculo laboral. “Es una forma suave de decir despido”, agregó.
El impacto de estas decisiones ya se hace sentir dentro del organismo. En la provincia de Misiones, hasta el momento no hubo despidos directos, pero sí se registraron algunos retiros voluntarios, producto del desgaste y la incertidumbre.
“Acá en Montecarlo hubo una persona que se acogió al retiro voluntario y en Cerro Azul creo que hubo otros tres. Pero esto hace mucho daño a la institución. El Estado invierte en capacitar a esas personas y de pronto se van por una situación de inseguridad total”, lamentó.
Leé también: Despidieron personal en Dass Eldorado
Figueredo también subrayó la eliminación de la participación universitaria y científica en los órganos de decisión del INTA. “Se quitó el rol que tenían las universidades dentro del Consejo Directivo. Eso también debilita la pluralidad y la calidad técnica en la toma de decisiones”.
Otro punto crítico es la supresión del Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria, que financiaba investigaciones junto con universidades y entidades privadas. “Esto limita el desarrollo científico y tecnológico, que es justamente lo que da respuestas a las necesidades de los productores y las comunidades”, indicó.
En ese contexto, la espera por una solución se vuelve desesperante. “Estamos esperando una decisión política. Lo judicial ya se presentó, pero ahora la pelota está en la cancha de los diputados y senadores. Tienen que entender la gravedad de esta situación, no solo para el INTA, sino para el Estado en general”.
Finalmente, la referente sindical hizo una reflexión personal: “Es nefasto cómo juegan con los intereses de las personas. Esto no es reciente, es un plan que viene ejecutándose desde hace más de un año. Duele ver cómo se desmantela algo que funcionaba, que tenía federalismo, presencia territorial y vínculos con la academia. No todo se mide con el déficit cero. Detrás de cada recorte hay personas, hay proyectos, hay vidas”, completó.
El Gobierno avanza con la privatización de Transener, que opera el 80% de la red eléctrica. Esperan recaudar USD 200 millones antes de fin de año. ⚡ https://t.co/mcVbrffmAn pic.twitter.com/wpAP52DM9h
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 24, 2025
